Los informes sobre la situación de los derechos humanos realizados por organismos independientes suelen ser un trago amargo para los gobiernos y el que entregó hace pocos días el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales correspondiente al año 2012 no es una excepción.
En el se analizan tópicos recurrentes de dichos informes anuales como son por ejemplo, entre otros, la situación de los pueblos indígenas o los avances y retrocesos en el ámbito de la justicia en relación a los crímenes cometidos por agentes del Estado durante el período dictatorial.
La novedad del Informe 2012 es un capítulo referido a la actuación de carabineros en el contexto en que se han verificado dos años de importantes movilizaciones y protestas sociales asociadas a temas como la educación, la regionalización, el medio ambiente, la diversidad y el transporte público.
El cuerpo de carabineros de Chile es una de las instituciones que goza de mayor prestigio y credibilidad en el país. Esto se explica por la sólida formación ética de sus miembros y por la cercanía que mantienen con los problemas de la gente. Es, como dijo un antiguo presidente de Chile, “el pueblo uniformado”. Sin embargo, el Informe, no podría ser otra manera, se manifiesta francamente crítico de la manera en que carabineros cumple su labor de mantención del orden público.
El tipo de presencia que desarrollan la Fuerzas Especiales, el uso desmedido de gases lacrimógenos, la acción inmediata, de oficio, y casi siempre excesiva frente a eventos de reclamo social es un tema que llama muchísimo la atención de las personas que visitan nuestro país y frente al cual desgraciadamente los chilenos parecemos haber perdido nuestra capacidad de asombro. El informe de la UDP tiene la virtud de recordarnos que esto no es normal.
En efecto, no sólo los funcionarios del Hospital Clínico de la Universidad Católica que demandan una mejora salarial, los pacientes usuarios del Transantiago, los pobladores de Freirina que deben soportar la pestilencia, los habitantes de la región de Aysén, las comunidades indígenas, para no hablar de los y las estudiantes y profesores de todo el país, sino todos ellos han debido sufrir en carne propia las consecuencias de una verdadera autonomización de esta función policial, la que se ejecuta sin la adecuada consideración a sus efectos políticos, a los derechos y libertades de los ciudadanos y al contexto en que se desarrollan los conflictos.
Por otra parte, es evidente –y así lo hace ver el Informe- que la labor de la policía carece de Inteligencia o parece no interesarse en la protección de los ciudadanos que protestan pacíficamente. Su ineficiencia para enfrentar a los grupos delincuenciales que se infiltran en las manifestaciones pacíficas es de antología.
Los llamados “encapuchados”, a pesar de ser un pequeño grupo, actúan con total libertad desarticulando las manifestaciones y provocando daño no sólo a la propiedad pública y privada como gustan señalar las autoridades, sino a la legitimidad de las demandas de los manifestantes.
El Informe de la UDP se hace eco también de la violencia innecesaria o los abusos policiales, lamentablemente muy frecuentes, como se vio en Aysén y en algunos desalojos de colegios. Recoge también este informe lo acreditado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos que confirma lo anterior y se explaya con alarma sobre lo que ocurre al interior de los buses de carabineros.
Generar un debate amplio acerca de si los criterios de utilización de la fuerza policial en la mantención del orden público están cumpliendo con los estándares constitucionales y legales vigentes es una de las recomendaciones del Informe de la UDP que el país haría bien en considerar seriamente.