En un artículo anterior argumenté el enorme progreso absoluto y relativo que había tenido Chile los últimos 22 años. De acuerdo a cifras del FMI, el ingreso per cápita corregido por poder de compra pasó de US$ 4949, el año 1990, a US$ 19.238, el año 2012, el más alto de la región.
Sin embargo, el modelo de desarrollo también ha tenido su lado B: una persistente desigualdad entre sus habitantes. Esto es preocupante no sólo desde la perspectiva de la justicia social, también, en concordancia con un informe reciente del FMI, hay evidencia que una alta inequidad puede retardar el crecimiento en la medida que existen imperfecciones en el mercado crediticio o este causa inestabilidad política.
En base a esta publicación del FMI, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, en este caso por ingreso disponible, alcanzó para Chile 50.6 el año 2009, siendo 53.7 el año 1990 (mientras menor el coeficiente de Gini mayor es la equidad, siendo 100 la mayor desigualdad, todo el ingreso recae en un agente o una familia y 0 la equidad total).
Es decir, aunque el nivel de desigualdad ha disminuido, no se observa un cambio importante en esta materia, considerando que el período es de 22 años. El contexto internacional es completamente distinto, este indicador para países desarrollados es de 30.1, algunos casos interesantes a considerar son: Canadá 31.9, USA 38.6, Suecia 24.4, UK 33.5, Alemania 32.1, Holanda 24.8 y Japón 32.9.
Adicionalmente, este coeficiente, para los países de Europa emergente, es de 33 y para el Asia Pacífico de 37.3. Chile es superado en inequidad sólo por tres países de la región ,Colombia 54.4, Brasil 52 y Bolivia 54.4 y por algunos países centroamericanos y del África. El desafortunado y lamentable título mundial de la desigualdad lo disputan Namibia 64 y Sudáfrica 63.
El mismo informe indica que, junto con un sistema tributario progresivo, las políticas públicas centradas en educación y salud son las que mejor resultado tienen en disminuir la inequidad social. También son relevantes las políticas e instituciones que protegen los mercados y evitan los monopolios y excesiva concentración económica.
Las conclusiones están a la vista. Todos los países más avanzados son más equitativos, una sociedad más justa no sólo es absolutamente compatible con el crecimiento económico, también es necesaria para que este ocurra.
Por tanto, el paso hacia el mundo desarrollado debe darse de la mano con una sociedad más equilibrada en cuanto a ingreso y oportunidades.
Si queremos seguir el camino de economías competitivas y que entregan altos niveles de bienestar a su población, como Canadá u Holanda, necesariamente el país debe emprender políticas que mejoren las posibilidades de desarrollo de las personas.
En consecuencia, el desafío futuro es mantener las altas tasa de crecimiento, que han permitido al país mejorar sustancialmente el ingreso per cápita, con políticas que generen condiciones de equidad en la población, particularmente en áreas como educación o salud, que apuntan directamente a distribuir mejor los beneficios del progreso.
Tal como lo mencioné en el artículo anterior, esos objetivos hoy en día no están limitados por la falta de recursos, como ocurrió en el pasado, sino más bien por la gestación de consensos que reflejen apropiadas soluciones de políticas públicas. En definitiva, tenemos la oportunidad de gestar un país que sea considerado un ejemplo de progreso económico y justicia social.