Durante las pasadas festividades patrias el Presidente de la República no perdió ocasión de hacer, en consonancia con el llamado de la Iglesia Católica, una exhortación a la “unidad nacional”, probablemente dándose cuenta de la delicada situación de su gobierno, que por cierto no ayuda a la tarea de bien común que le corresponde como principal institución del estado.
Desgraciadamente, como en muchos planos, no existe relación entre los dichos del Presidente y sus propias actuaciones o las de sus colaboradores.
Represento a un distrito donde se expresa en toda su magnitud el conflicto mapuche, fui gobernador de la zona y he estado, permanentemente, preocupado de dialogar para encontrar soluciones pacíficas a un problema ancestral pero que hoy, dada la toma de conciencia de tantos sectores ciudadanos que reclaman reivindicación de derechos conculcados por decenas de años, tienen la voluntad de expresarse, de muy diversas materias.
Hace pocos días, el gobierno, con la presencia del Presidente, promulgó la creación de la Área de Desarrollo Indígena para la zona de Ercilla, a cuyo acto no fui invitado, pese a ser el representante de los habitantes de esa zona en el Parlamento.
Desgraciadamente esa ha sido la conducta habitual del actual gobierno. Y ella no resulta coherente con llamados a la unidad nacional. Más bien parecen una forma de excluir a los adversarios, aún cuando sean representantes populares, cuando se supone que los actos generan réditos y, claro, incluirlos, cuando se trata de enfrentar problemas.
Ello es propio de los especuladores. Privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Esa es la forma de actuar de algunos empresarios y, llevados a la dirección del Estado, no son capaces de entender que, especialmente desde el ejecutivo, la mirada debe estar puesta en función de como se colabora al interés común y no en función de los propios, pequeños o mezquinos intereses grupales.
Así ocurre cuando reparten “fondos sociales”; promueven beneficios para las víctimas de la violencia que a veces alcanza el conflicto mal entendido o en la entrega de diferentes apoyos que la política pública del Estado desarrolla con los habitantes de diferentes parte del territorio.
En todos estos actos hay un denominador común, en nuestra Región de La Araucanía todo se organiza para el lucimiento del senador Espina, que intenta hacer creer a los beneficiarios, generalmente población vulnerable, que todos los beneficios que otorga el estado son fruto de su gestión. Es otra forma de la misma sentencia “aquí no se mueve ninguna hoja sin que yo lo sepa”, parece ser la pretensión senatorial, emulando a su líder y formador.
Sin duda, nada de esto ayuda a la “unidad nacional” y siembra la sospecha razonable acerca de la veracidad y el valor de la apelación presidencial.
¿Costará mucho darse cuenta que lo que mas daño ha hecho a la imagen del gobierno es la escasa credibilidad que tiene su discurso, al comparase con sus propios comportamientos?
Tal vez si aceptaran que no se puede atentar permanente, sistemática y majaderamente contra la inteligencia de los chilenos, que se dan perfecta cuenta de la incoherencia entre el discurso y la acción, podría caer en tierra fértil el llamado presidencial.
¿Es esto muy difícil? Parece que sí.