Las responsabilidades no pueden traspasarse, así de claro y mucho menos en materias tan sensibles y claves para el país como su futuro desarrollo energético.
Para ello, se requiere de una mirada con enfoque integral, que permita reflexionar sobre el tipo de desarrollo que el país quiere emprender, tomando la opción del desarrollo con energía sustentable, con un claro rol rector del Estado.
No podemos quedarnos sólo con la preocupación de viabilizar grandes inversiones en algunos proyectos de generación de energía, pues ello implica una mirada acotada de un desafío integral que debemos asumir.
El fallo de la Corte Suprema en contra de la Central Castilla implica que Chile debe modificar claramente la política energética asumida en las últimas décadas, el desierto florece y esperamos que con este “Supremazo” algunas cosas comiencen a cambiar.
El Estado ha renunciado a jugar un papel de definiciones estratégicas de lo que quiere como desarrollo energético. No cabe duda que debe dejar el histórico paradigma de neutralidad tecnológica, donde le da lo mismo qué tipo o fuente de generación se quiere desarrollar. Esto último permite que sea el sector privado quien establezca qué tipo de proyectos energéticos se presentan, dónde y con qué tipo de fuente de generación.
Necesitamos realizar una estimación ajustada de la demanda energética para el desarrollo sustentable, lo que lleva a establecer como prioridad nacional un programa de ahorro energético y otro de eficiencia energética, que son la punta de lanza de las políticas energéticas de la UE, donde el gobierno ha hecho muy poco, pese a existir un plan elaborado en el Gobierno de la ex Presidenta Bachelet, que implica un 20% menos de consumo de energía eléctrica.
El Estado debe dar señales de que no quiere seguir carbonizando nuestra matriz energética, y en eso Castilla era todo lo contrario.
En esta misma línea, es urgente legislar y normar el funcionamiento en Chile de redes inteligentes de electricidad que mejorarían la eficiencia en forma significativa y permitiría que toda la población aporte al mejor uso de la energía eléctrica, especialmente el sector productivo.
Asimismo, es clave que se termine con proyectos que se presentan separados a evaluación ambiental, debiendo hacerlo en una sola presentación, ya que esto sería una señal potente.
Junto con optar por las energías renovables y con los incentivos y exigencias pertinentes, debemos regular el funcionamiento del mercado de generación de energía eléctrica, permitiendo la participación de nuevos actores, ojalá con generación de energías renovables, pero ello implica modificar el actual modelo de cálculo marginalista que no ha permitido innovar tecnológicamente y tampoco ha garantizado bajos precios en generación y provisión de energía eléctrica.
Para avanzar en esta línea, y dado que las exigencias de huella de carbono serán mucho más explícitas para nuestros productos de exportación en muchos mercados del mundo, debemos establecer, como país, un período de transición para ir migrando desde proyectos de generación eléctrica con fuentes sucias hacia los de generación más limpia, en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, donde es clave definir plazos realistas pero con una clara opción por descarbonizar nuestra matriz energética.
Es la única forma de concretar un compromiso real con el desarrollo sustentable para las futuras generaciones.