La escasez de apoyo indujo al gobierno a preparar un jolgorio de autoalabanza con el propósito de festejar, según cifras largamente esperadas, la disminución de la pobreza en el país en un 0,7%.
Sin duda que en parte de los altos cargos y funcionarios hubo sinceridad ante las cifras iniciales.
Sin embargo, resulta enteramente cuestionable el objetivo mediático de exagerar este avance en aquello que pueda ser real para adular al gobernante y sobredimensionar el verdadero alcance de las cifras.Resulta obvio y evidente para cualquier mirada mínimamente objetiva que se registra un estancamiento en los niveles estructurales de pobreza existentes en Chile.
Pertenezco al grupo de los que opinan que no se debe festejar lo mínimo y que no se debe exaltar un magro resultado ya que el país sabe bien que no hay logros efectivos que avalen la desproporcionada frase del ministro Longueira que, ante estos nuevos índices, el gobernante tiene “un lugar en la historia”.
Millones de personas habrán reaccionado, una vez más, con desazón y molestia ante estos propósitos manipuladores de corto alcance ya que entienden que la lucha contra la pobreza es una tarea-país de contenido social y ético que permite, precisamente, ese tipo de usos equívocos.
El desengaño con la política ocurre exactamente cuando la autoridad hace de todo esfuerzo un medio de obtención de popularidad fácil e inmediata, alejándose en su mirada global de la realidad sobre la que ejerce su acción.
En efecto, luego del áspero debate sobre el salario mínimo quedó claro que el tema de la desigualdad es ajeno a la preocupación de la autoridad económica.
En ese debate, se insistió hasta el cansancio que sin resolver la precariedad de la negociación colectiva se seguirá año a año en una discusión sin perspectivas, dado que el ingreso real de los trabajadores no mejorará porque no hay mecanismos que le permitan mejorar.
Este gobierno no ha respondido ni siquiera a una propuesta de la CUT y la CPC para fortalecer la negociación colectiva, confirmando con ello que su política laboral es mantener y acentuar la masificación del trabajo precario, con salarios inferiores al mínimo y con personas obligadas a aceptar condiciones vergonzosas, pero que en el propósito “macro” del gobierno se insertan en el mercado laboral con “un” empleo.
Ante cifras interpretadas para llenar el ego de la autoridad y acentuar su autocomplacencia se extiende un mercado laboral marcado por los abusos, la inequidad y el miedo, este último es el miedo a perder ese mísero ingreso con que apenas se alcanza a comer cada día.
No cabe duda que todo este panorama agrava el desencanto en el movimiento sindical y en quienes sufren la pobreza.
Ante ello, el gobierno debe asumir totalmente la responsabilidad sobre la conflictividad laboral que se está alimentando en el país.
Mientras esa situación no se corrija en la distribución primaria del ingreso, el otorgamiento de diversos bonos o subsidios a las familias más pobres podrán mantener el statu-quo, pero no modificarán una brecha ya cristalizada de una severa desigualdad, una de cuyas consecuencias es haber instalado de manera ya estructural una franja de familias condenadas a la pobreza. El mercado laboral así como está perpetúa y no reduce esta situación estructural.
Esta perversidad en el mecanismo económico tampoco se borra o atenúa cuando la autoridad se aplaude a sí misma, llena de euforia, por estadísticas trabajosas que no pueden hacerse cargo del drama social pendiente, pues son fríos números que no constituyen decisiones de políticas públicas, aquellas que la misma autoridad excluyó del horizonte de su mandato.
Por eso, jolgorios y festejos ante tan escaso avance delata el afán de celebrar lo poco que haya aunque sea casi absurdo por lo mínimo.
En el fondo, está la ausencia de voluntad de encarar la falla geológica existente en la corteza profunda de la economía del país. Es lamentable que ante la desigualdad la autoridad, finalmente retroceda.