El complejo camino que ha recorrido HidroAysén parece no terminar, ni en las calles, ni en las diversas instancias públicas y, mucho menos, en la Patagonia.
Aunque la Corte Suprema otorgó luz verde al proyecto, tras un fallo dividido y un público cuestionamiento a la votación de uno de sus ministros por conflictos de interés, la Cámara de Diputados le puso luz roja a este proyecto, aprobando el informe de la Comisión de Derechos Humanos, mandatada para investigar las denuncias públicas en torno al proceso de aprobación de esta central en la Patagonia chilena.
Luz roja y un signo pare, pues las innumerables irregularidades detectadas dan cuenta de un proceso a lo menos viciado y que si bien sigue en curso, es muy probable que traspase nuestras fronteras con apelaciones a organismos internacionales, pues, hay tratados que Chile debe respetar.
Cuando los proyectos individuales o colectivos, personales o empresariales, se gestan de mala manera, el destino es similar.
Las irregularidades y oscuros pasajes que rodean a HidroAysén se enumeran con lujo de detalle en este informe aprobado por la Cámara, concluyéndose que hubo presiones indebidas, conflictos de interés, inhabilidades que no se explicitaron ni cumplieron y entrega de prebendas a comunidades, entre otros hechos.
Cada una de estas conclusiones de obtiene y comprueba de los numerosos testimonios entregados en la comisión y de las visitas que en terreno realizó esta instancia investigadora.
Hubo, además, contravención a la Convención de Washington sobre Protección de la Flora y Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América, ratificada por Chile, que obliga a los Estados a un pronunciamiento legislativo, esto es a través del Congreso Nacional, cuando los Parques Nacionales son alterados y enajenados, como el Parque Nacional Laguna San Rafael. Hecho, que dicho de paso, no fue considerado en el fallo de la Corte Suprema.
A todo lo anterior, hay un tema que adquiere especial relevancia y en el que debemos avanzar con prontitud: la ratificación, en este informe, de la escasa participación ciudadana y la ausencia real de mecanismos e instrumentos válidos para poder canalizar las opiniones de los afectados cuando se evalúa y aprueba un proyecto medioambiental.
Queda claro al concluir el estudio de este informe, que “no existen procedimientos institucionales eficaces y oportunos que tomen en cuenta, verdaderamente, las opiniones y observaciones de las comunidades afectadas”. Grave, por decir lo menos.
Resulta incomprensible que el movimiento social aysenino aún no haya sido consultado y, al igual que la gran mayoría de los chilenos, espero que esto se revierta a la brevedad y que los habitantes de la Patagonia puedan expresarse democráticamente sobre este proyecto.
Y aunque algunos crean que HidroAysén tiene luz verde total, al menos, desde la Cámara, la luz es roja, al igual que en la Patagonia.