“Hay que cambiar el Norte del pensamiento humano, aquí estamos en un mundo del consumismo, (…) la gente que tiene mucho quiere tener más, y los pobres nos distanciamos de los ricos, y los ricos se distancian de nosotros (…) hay que hacer de este Chile un mundo diferente. La gente que tiene plata tiene que ver que no puede llevársela toda para la casa, tiene que aprender a repartir”.
Con estas palabras sencillas, pero a la vez tan contundentes, Iván Fuentes golpeó el corazón y la conciencia de los miles de chilenos y chilenas que con alegría y entusiasmo, veíamos cómo por fin se abría la posibilidad de solucionar el conflicto en Aysén.
Nos golpea porque es cierto, debemos cambiar nuestro Norte como sociedad.
No basta con solucionar temas puntuales, porque lo que enfrenta a los chilenos no es la incapacidad de este u otro gobierno para dar una solución técnicamente eficiente y oportuna a los problemas que emergen en el día a día de los habitantes de nuestro país.
La raíz del conflicto es mucho más profunda: se trata de las profundas desigualdades sociales y económicas que dividen a los chilenos.
El Sistema de Salud es un ejemplo categórico de esta realidad. Las brechas entre el sistema público y el privado se van agrandando a pasos agigantados, convirtiéndose en una amenaza latente que más temprano que tarde va explotar, tal como hiciera el sistema educacional hace un año.
El 2011, el sistema ISAPRE, que beneficia a sólo el 16% de la población, manejó un presupuesto de más de MM$1.500 -casi US$1.100 per cápita- obteniendo utilidades sobre los $68.000 millones, un escandaloso 31,6% más que el 2010.
En cambio el FONASA contó el mismo año con un presupuesto de MM$3.900 para atender al 75% de los chilenos, sólo US$625 per cápita. Más aún, un tercio de los afiliados a FONASA, los que pertenecen a los grupos C y D, cuando requieren atención de salud, deben pagar de sus propios bolsillos un copago de al menos un 10% y 20% respectivamente, aún cuando son atendidos en los hospitales “públicos”.
¿Es todo esto justo? Objetivamente NO. Según la propia OMS, Chile es uno de los países más inequitativos en términos de financiamiento de la Salud en el mundo.
En su fallo del año 2010 sobre las Tablas de Factores de riesgo usadas por las ISAPRE, el Tribunal Constitucional (TC) juzgó vulneradas las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, derecho a la protección de la salud y el derecho a la seguridad social.
El fallo sostiene la “íntima relación” entre el derecho a la seguridad social y el derecho a la protección de la salud. Así, el contrato de afiliación a una ISAPRE ya no es “un mero seguro individual de salud, regido por el principio de autonomía de la voluntad, pues opera en relación con un derecho garantizado constitucionalmente a las personas en el marco de la seguridad social”.
A raíz de este fallo, el gobierno propuso un proyecto de ley que busca modificar el régimen de financiamiento del Sistema de Salud Privado. Pero se equivoca el gobierno si cree que este proyecto soluciona los problemas de fondo de nuestro sistema de salud.
Una cosa es que el TC falle en contra de ciertos artículos en particular, y otra cosa el que dicho fallo demuestre que es urgente la revisión completa del modelo de aseguramiento de la salud en nuestro país.
El TC, velando por el respeto de los principios fundamentales consagrados en la Constitución, nos interpela a reformar el financiamiento de la salud, de manera tal de satisfacer al máximo posible, los principios de universalidad, uniformidad, integralidad, solidaridad y suficiencia, que caracterizan la seguridad social. ¡Esto no se logra con discutir sólo lo que pasa con los seguros privados de salud!
El Norte que Chile debe seguir en Salud, es lograr un sistema de financiamiento que garantice la Solidaridad, de los que tienen más con los que tienen menos, de los más jóvenes con los más ancianos, de los hombres con las mujeres, de los más sanos con lo los más vulnerables; hay que terminar con la injusta segregación entre los usuarios de FONASA e ISAPRE. Para cumplir con este objetivo, nuestra propuesta considera los siguientes elementos:
1. Definición de un Plan de Salud Universal, cuya cobertura no hará distinciones por sexo, edad o capacidad de pago.
2. Creación de un Seguro Universal Solidario de Salud (SUSS), el que financiará el acceso al Plan de Salud Universal a todas las personas que vivan en Chile.
3. Creación de un Seguro por Incapacidad Laboral, cuyo financiamiento y operación quedarán separados del SUSS.
4. Mantención de la modalidad de libre elección, eliminando la exclusión del grupo A de afiliados a FONASA.
5. Libre acceso a seguros de salud complementarios, los que complementarán la cobertura de aquellas prestaciones no cubiertas en el Plan de Salud Universal, y el financiamiento de los copagos de la modalidad de libre elección.
Juan Pablo II señalaba en Sollicitudo Rei Socialis “la Solidaridad no es un sentimiento superficial por los males de tantas personas cercanas o lejanas. Al contrario es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos y cada uno para que todos seamos realmente responsables de todos”. Es esa la responsabilidad y determinación que estamos dispuestos a asumir.