A dos años de que Sebastián Piñera asumiera la Presidencia de la República se observan avances legislativos parciales en el cumplimiento de los compromisos gubernamentales para el fortalecimiento de los derechos humanos y mejorar la calidad de la democracia, y bastantes desafíos todavía pendientes de concreción.
En 2010 se reformó en parte la Justicia Militar, excluyendo a civiles y menores de edad cuando son imputados, pero se mantuvo la competencia de los tribunales castrenses frente a los delitos cometidos por uniformados sin limitarla al conocimiento de delitos de función militar, como lo ordenó en 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Palamara.
La modificación parcial a la Ley Antiterrorista tampoco cumplió con los estándares internacionales aplicables en materia de debido proceso, manteniendo una definición inadecuada de terrorismo y excepciones a las garantías de un juicio justo como el amplio plazo de detención sin control judicial y testigos protegidos, entre otros.
En 2010 se promulgó la Ley que tipifica el femicidio, visibilizando un grave problema de derechos humanos de las mujeres pero sin adoptar medidas preventivas.
En octubre pasado se aprobó la extensión del pos natal, principal compromiso gubernamental con las mujeres. Este nuevo derecho laboral, no obstante, refuerza que son las mujeres las principales responsables por el cuidado de hijos e hijas al establecerse débiles medidas de corresponsabilidad.
Menos de 300 padres han tomado el permiso parental, evidenciando que si no es una medida obligatoria, no se producirán cambios sustantivos en los roles tradicionales asignados a hombres y mujeres.
Otro compromiso cumplido es la Ley de inscripción automática y voto voluntario, que la Constitución establece desde 2009. Las implicancias que ello tendrá en la participación electoral, están por verse.
Destacan, asimismo, diversos proyectos de ley presentados por el Ejecutivo, parte de los cuales no presenta avances en su discusión, como el que regula el Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), la Iniciativa Ciudadana de Ley, la elección directa de los consejeros regionales y el fortalecimiento de la regionalización.
En cumplimiento a los compromisos presidenciales, el Gobierno propuso reformar la sociedad conyugal para garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, iniciativa que se debate ante la Cámara de Diputados. También se analizan en el Congreso, la propuesta sobre elecciones primarias y algunas modificaciones a los plebiscitos comunales.
No obstante, está pendiente la dictación de una ley contra la discriminación, en debate desde 2005. Si bien el Senado aprobó en noviembre pasado la iniciativa, consagrando la prohibición de discriminar por orientación sexual e identidad de género, entre otras causales, ésta no establece medidas integrales para prevenir, sancionar, erradicar y reparar la discriminación conforme a las obligaciones internacionales que el Estado de Chile ha asumido.
Se limita la protección a un recurso judicial y se omiten del todo las imprescindibles medidas preventivas. Sólo después de dos años y tras conocerse un nuevo ataque a un joven homosexual, el Gobierno define impulsar su discusión.
En tanto, ninguna prioridad se ha asignado al retrasado debate de la Defensoría de las Personas, que en este período no presenta ningún avance; como tampoco el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, debidamente consultado a éstos.
Preocupa, asimismo, que se mantenga vigente el Decreto Ley de Amnistía y la penalización del aborto en toda circunstancia, sin que el Gobierno preste la más mínima atención a las obligaciones internacionales incumplidas en estas materias.
Otros compromisos pendientes son la reforma al sistema electoral y garantizar la participación política de las mujeres. Se requiere avanzar hacia una democracia paritaria y asegurar la representatividad de las fuerzas políticas existentes en el país, conforme lo han señalado diversos organismos internacionales.
Por ejemplo, en 2006 el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer recomendó la reforma al sistema electoral binominal por ser desfavorable a la participación política de las mujeres.
El presente año será clave en el debate a estas reformas, según lo ha anunciado el mismo Gobierno. Debieran también presentarse propuestas para reformar y transparentar los partidos políticos, el gasto electoral y regular el lobby.
El cumplimiento de los compromisos gubernamentales y de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y democracia son fundamentales para recuperar la confianza de ciudadanas y ciudadanos en sus autoridades.
Especialmente en momentos en que la legitimidad de éstas, las instituciones y la clase política se encuentra tan debilitada.