Seguimos movidos en cuanto a demandas sociales en estos días. Aysén se moviliza en el extremo sur de nuestro país exigiendo descentralización, a un país tremendamente centralista, donde parece que todo pasa en Santiago.
El estallido de Aysén nos recuerda lo que vivimos anteriormente en Magallanes, Isla de Pascua, Calama y otras ciudades, donde los habitantes de estos territorios se movilizaron exigiendo mayor compromiso del gobierno central por sus problemáticas, develando la enorme desigualdad territorial existente en Chile y la falta casi absoluta de descentralización.
La situación de Aysén nos refleja otra característica de las desigualdades que vivimos en Chile, la desigualdad territorial.
Mientras existen pocas comunas con significativos avances urbanos, de salud, vivienda, educación, etc. acercándose a un estándar del primer mundo, hay otras muchas que viven igual que hace 40 años y allí efectivamente no se visualiza aquello de los 17.000 dólares per cápita que nuestro país ha alcanzado.
Son territorios que se sienten abandonados, cuyas reivindicaciones no son nuevas, sino que se han venido repitiendo en cada una de las campañas presidenciales que se han desarrollado y que nunca han sido asumidas de manera integral.
Es una negación de los otros territorios, de los otros habitantes de nuestro país con sus demandas específicas y las desigualdades territoriales que tenemos, lo que hoy ha estallado y seguirá estallando. Se cansaron de ser inexistentes para el resto, para Santiago, para quienes toman las decisiones y deciden por los recursos.
Por su parte el gobierno ha reaccionado frente al movimiento de un modo preocupante, que ha caracterizado su actuar frente a las demandas de la ciudadanía y que refuerza la negación de los otros: en primer lugar comienza con excesiva represión buscando restablecer el “orden público”,y continúa con la deslegitimación del movimiento.
Fueron emblemáticas las palabras del ministro de Salud Mañalich quien luego de participar en las reuniones de negociación en la región señaló que el “movimiento está manipulado por Patagonia sin represas”, para luego avanzar en la criminalización del movimiento cuando afirmó que un ciudadano enfermo terminal murió al no llegar una ambulancia debido a las manifestaciones nocturnas, situación, posteriormente desmentida por sus familiares y médicos locales.
Al parecer la estrategia hoy es jugar al desgaste del movimiento al re-situar como negociadora a la intendenta regional, autoridad que no cuenta con la legitimidad como interlocutora, ya que ha sido quien ha estado conversando con los actores locales durante todo este periodo sin lograr avances.
En este conflicto específico es necesario avanzar en soluciones que existen puesto que las demandas son de vieja data y con actores validados por la comunidad.
La agenda por más participación ciudadana y descentralización debe avanzar y situarse en la agenda pública buscando cambios estructurales necesarios para nuestra cohesión social y convivencia democrática desde una perspectiva más integral y urgente.