Las autoridades han promovido con gran entusiasmo la portabilidad numérica. “Más derechos, más competencia, mejores condiciones”, se lee en la página web implementada por el ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para difundir la iniciativa que permite a los usuarios, desde el pasado 16 de Enero, cambiarse de prestador de telefonía celular.
El propio Presidente y el Ministro del ramo dieron el vamos, en una carpa instalada nada menos que frente a La Moneda.
Los defensores del mercado no han tardado en utilizar el hecho para insistir en las bondades de la libre competencia, argumentando con la consigna referida y remarcando en el poder que se entrega a los consumidores y usuarios.
La misma receta promueve para múltiples servicios, tales como la educación y la salud, donde es posible elegir entre prestadores estatales y privados y, por cierto, en materia de comercio y servicios, donde las opciones son variadas, aunque a veces, como se ha denunciado en el caso de farmacias, buses, supermercados y pollos, ello sea más aparente que real.
Sin embargo, permanece entre nosotros un único campo en que no hay opción alguna.Una exclusiva área en que los chilenos estamos obligados a participar aunque no queramos y dónde no hay alternativa de ningún tipo: la previsión.
Todos debemos por ley aportar parte de nuestro sueldo como ahorro, pudiendo tomar decisiones accesorias, como seleccionar el tipo de fondo en el que se invertirán nuestras imposiciones o el administrador, pero sin poder elegir entre un sistema u otro ni entre un prestador privado o público.
Un puñado de AFP mantienen cautivos a unos 10 millones de cotizantes que ven mes a mes como sus ahorros son mal administrados y, aún así, se les cobra por la gestión parte importante de sus cotizaciones, incluso cuando la rentabilidad sea negativa, esquema que ha sido cuestionado incluso por el Fondo Monetario Internacional.
En esta materia, los defensores del mercado, se dan una voltereta digna de campeón olímpico para rechazar cualquier alternativa. Así se oponen a crear una AFP estatal o a abrir la gestión de los fondos a los bancos.
¡Qué decir de volver al sistema de reparto o a un mecanismo más solidario! Insisten majaderamente en el déficit ocasionado por las cajas y muestran casos de inequidades o abusos que ocurrían. Nada dicen del cuantioso gasto público para subsidiar la capitalización individual.
Acabamos de aprobar una ley que regula el uso de las bases de datos financieros y comerciales, evitando que ella siga siendo utilizada para abusar de las personas. En buena hora.
Sin embargo, en la previsión está, sin duda, el mayor atropello contra los chilenos.Un sistema que ha fracasado rotundamente, que es caro e ineficiente y que, más aún, tiene clientes cautivos. El negocio perfecto.
Muchas cosas están cambiando en el país. Los jóvenes seguirán luchando por un acceso más justo a la educación; la salud cambiará con el plan garantizado que evitará que se recargue el costo a algunos chilenos. El Gobierno se abre a analizar una reforma tributaria.
Todo ello apunta en una dirección: no es posible seguir con una sociedad donde cada uno cargue con sus propios riesgos.
El sistema previsional chileno, a 30 años de su creación, debe ser analizado en profundidad y reformado.
Ya debió parcharse para darle cobertura a millones de excluidos, con la reforma previsional impulsada por la Presidenta Bachelet. Es la hora de abrir alternativas para solidarizar el sistema.
¿Por qué no podemos portar nuestros fondos hacia un sistema estatal y solidario o al menos a otras alternativas de ahorro?