El impacto y conmoción pública que ha provocado el grave incendio que afecta al Parque Nacional Torres del Paine en la Región de Magallanes, no sólo reafirma la creciente sensibilidad social por el medio ambiente, sino también, la especial riqueza que posee dicho lugar, como una de las zonas de Chile con mayor reconocimiento internacional dada su belleza natural y su biodiversidad.
Por esto, me parece importante detenernos en dos aspectos que debiesen concentrar la atención de la autoridad ambiental y que apuntan al fondo del problema.
Por una parte, el financiamiento público para el cuidado del valioso patrimonio
natural que nuestro país se ha propuesto conservar, como también, la compleja relación que existe entre ese cuidado y el legítimo uso recreacional y turístico que debe darse a ese insustituible patrimonio.
Una forma transparente de expresar la importancia que el país le asigna al cuidado de este territorio tan especial,es el monto anual que el Presupuesto de la Nación le asigna a la institución actualmente responsable de su administración, CONAF.
En este sentido, hace poco más de un mes, el Congreso Nacional aprobó el Presupuesto 2012 planteado por el Gobierno, asignando un total de $ 5.847 millones para el Programa CONAF 04 de Áreas Protegidas, que representa el 11.3% del presupuesto total de CONAF y que significa un gasto de $ 401 por cada una de las 14.569.895 hectáreas, que constituyen las 100 unidades del actual Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) y que a su vez, equivale al 19.2 % del territorio continental del país.
Al año 2011 las mismas cifras corresponden a $ 5.194 millones de igual valor, 11.1% y $ 356 por cada hectárea protegida.
Por esto, parece absurdo pensar que con recursos tan escasos, sea posible administrar un conjunto tan amplio de territorio, que por su gran valor ambiental ha sido destinado a la conservación de su biodiversidad y paisaje, que provee servicios ambientales valiosísimos y que permite el uso sustentable y la recreación de todos quienes lo visitan.
En la misma dirección, resulta imposible imaginar que en tales condiciones, se pueda prevenir o combatir los múltiples riesgos asociados a sus características naturales y a los dos millones de visitas anuales que los recorren.
Por otra parte, la relación entre la conservación de este valioso patrimonio natural y los usos recreacionales y turísticos es una materia de vital importancia.
Así, de los dos millones de visitantes anuales que ingresan a las Áreas Protegidas del SNASPE, 150 mil ingresan a Torres del Paine.
Sus visitantes, son atendidos, guiados y controlados por un número reducido de guarda- parques que, según las fuentes consultadas, va desde 22 guardaparques permanentes y 14 transitorios al 31 de diciembre recién pasado.
Considerando los turnos que deben que cumplir estos funcionarios, nunca puede haber más de 15 o 18 en servicio en toda la extensión del Parque.
Por esto, ¿es posible pensar que se pueda ejercer un control efectivo en un área que tiene cientos de kilómetros de caminos y más de 200 kilómetros de senderos?
Por otra parte, en una Área Protegida tan visitada, una parte muy importante de los servicios turísticos y recreacionales para esos miles de visitantes son provistos por concesionarios privados.
Me pregunto: ¿cómo están distribuidos los costos de la prevención de los riesgos normales asociados al lugar y a su alta tasa de visitas?
¿Cuánto aportan al presupuesto público las concesiones privadas de hoteles, algunos de lujo extremo, hosterías, camping, refugios, servicios de cabalgatas, navegación, etc., todas instaladas en terrenos de todos los chilenos?
¿Quién se hace cargo de los costos de prevención y mitigación de los riegos asociados necesariamente a la alta afluencia de visitantes?
¿Sólo el Estado a través del decreciente presupuesto de CONAF?
Creo que sería muy ilustrador iniciar una conversación al respecto,conociendo cuánto aportan en total dichas concesiones,para luego conocer el uso que el Estado destina a esos ingresos.
De esta manera, si queremos conservar nuestros espacios naturales, para que puedan seguir generando para siempre los servicios ambientales y de recreación y esparcimiento que los han hecho famosos, tenemos que reconocer el valor y la necesidad de invertir en ellos, asignando los recursos públicos necesarios y establecer un régimen público transparente y eficiente de administración, donde el objetivo central sea la conservación del recurso que da origen a la riqueza.
Que este drama que vivimos hoy en el Parque Nacional Torres del Paine y que ha conmovido a todo un país, nos obligue a levantar la mirada, a detenernos en lo importante y no en lo espectacular y en lo que verdaderamente nos permitirá transformarnos en una nación que entiende el valor profundo que posee su biodiversidad.