Cuando dos o más actores económicos se sientan en una mesa a negociar la manera de impedir la competencia, o la entrada de nuevos actores al mercado donde participan, y además se reparten porcentajes de participación de la producción o fracciones de la demanda del mercado, aquí y en la quebrada del ají, eso se llama colusión.
Pero en Chile, a veces estos conceptos, tan claros para las economías desarrolladas y para todos quienes dicen defender la competencia y la libre iniciativa de los individuos, no resultan tan evidentes para una parte de nuestros grupos económicos y de nuestros gobernantes.
El ministro de Economía y el subsecretario de Pesca sentaron en una mesa a distintos actores del sector pesquero.
Estos actores, luego de semanas de discusión, llegaron al acuerdo de que se opondrían terminantemente a las licitaciones (mecanismo transparente y competitivo que permite la entrada de nuevos actores al mercado, y así generar competencia) y firmaron un acuerdo repartiéndose los recursos pesqueros y sus porcentajes de participación sobre las capturas.
Durante las semanas siguientes a este acuerdo, los dueños de las cuatro empresas que controlan más del 90% de las riquezas pesqueras en el país, salieron -sin pudor alguno-, anunciando por prensa y en cuanta conferencia hubo, que ellos ya habían llegado a este acuerdo para repartirse la torta. Y en seguida le exigen al ministro de Economía que respete los términos del convenio que él mismo alentó, presentando un proyecto de ley funcional a esos intereses.
El Ministro, alertado de lo impresentable de esta posición, aparenta dar un giro en su posición, habla de sustentabilidad del sector y presenta un proyecto bajo ese manto. Pero este proyecto de todos modos entrega a esos mismos grupos económicos cuotas indefinidas y permanentes en el tiempo, supuestos derechos históricos.
Esto por si solo es un escándalo, entregar a perpetuidad a ciertos sectores los recursos pesqueros, sin competencia, sin plazos, es digno de las encomiendas coloniales.
Y en materia de licitaciones, reconociendo que es una medida adecuada para la entrada de nuevos actores y la innovación, el Ministro las presenta bajo una fórmula intrincada, reducida a excedentes de discutible ocurrencia.
En el fondo estas supuestas licitaciones no afectan ni en un pelo los negocios de los mismos empresarios del acuerdo, a quienes se permite seguir gozando los privilegios de un mercado rentista y carente de competencia.
Muchos se preguntan por qué, a pesar de 6.500 kilómetros de costa, en nuestro país el pescado es tan caro, y tan poco accesible y también por qué Chile es uno de los países con menor consumo de pescado, con sólo 7 kilogramos por persona al año.
El acuerdo de la mesa pesquera impacta directamente en el acceso de las familias chilenas a más pescado, de mejor calidad y menor valor.
Sin competencia no hay incentivos para perfeccionar los procesos e invertir en tecnología que disminuya precios y mejore la calidad del producto al consumidor final.
Además, un fraccionamiento como el actual, favorece ampliamente al sector industrial quien destina sus capturas en una porción muy importante a producir harina y aceite de pescado, sin mayor valor agregado, y sin disponibilidad para el chileno corriente.
Así, la forma de asignación de las cuotas de captura, a dedo o mediante un sistema competitivo y transparente, impacta en la calidad de vida de todos los chilenos.
Actualmente son varios los escándalos en materia de colusión que preocupan a la opinión pública. Esperemos que éstos gatillen cambios, y exigencias éticas mucho mayores a la generación de riqueza.
Actuaciones como las de algunos empresarios pesqueros, que se oponen a licitar y tener que pagar el justo precio por un recurso natural que pertenecen a todos los chilenos, no hacen sino aumentar la “indignación” ya instalada en la ciudadanía, que ve como el precio de un kilo de pescado puede costar lo mismo que un kilo de lomo, y que observa como al final, los peces gordos son cada vez más gordos, y el resto seguimos a dieta indefinida.