El miércoles 14 de diciembre el “Proyecto de Ley de Pesca” finalmente ingresó al Parlamento desde el Ejecutivo, haciendo hincapié en su mensaje al Congreso que el eje de la Ley sería la conservación y recuperación de los recursos pesqueros.
Sobre cualquier proyecto de ley relacionado a la pesca, los Gobiernos deben tener como primera prioridad LA SOSTENIBILIDAD de los recursos, eso es indiscutible y es bueno que el Gobierno se haya puesto esa meta en la confección de la ley.
Sin embargo, las subastas, como concepto, se oponen a la sostenibilidad, como ya ha sido expresado tantas veces.
Este sistema no ha sido utilizando en ningún país del mundo como sistema inicial de asignación de cuotas, por la gran presión que la licitación radica en los recursos pesqueros.
Además, si la intención de las subastas es abrir la posibilidad a que más actores ingresen al sector pesquero chileno, la recomendación de nuestro Tribunal de Defensa de la Libre Competencia es facilitar la transferibilidad de las cuotas, no el subastarlas.
En este sentido, la incorporación en el Proyecto de Ley de las “cuotas individuales transferibles” a las pesquerías plenamente explotadas y administradas con cuota global es un paso positivo. Además, al introducir este sistema, se hace innecesario el incorporar las subastas ya que cumplirían la misma función. En esto debemos también escuchar las opiniones de expertos mundiales en la materia.
Asimismo, en el Proyecto de Ley también está en juego una mejor distribución o fraccionamiento de los recursos entre los involucrados en la pesca. Hay un sector artesanal muy importante, que también está en contra de las subastas y que de acuerdo a las negociaciones llevadas a cabo, hoy quedan en una posición bastante mejorada.
Ese sector artesanal es vital para la economía nacional, ya que además es parte de una cultura que representa valores muy enraizados en nuestra sociedad.
Sobre lo mismo, es importante recalcar la reciente reestructuración de la principal organización artesanal del país: la Conapach.
Luego de una serie de rencillas internas estimuladas por dirigentes “equivocados”, la anterior presidenta, Zoila Bustamante, fue reelegida como presidenta, devolviéndole la legitimidad a la organización artesanal más antigua del país. Su elección llega en un momento adecuado, ya que tendrá la responsabilidad de unir al sector artesanal y de llevar sus opiniones al Congreso, lugar donde se debatirá la nueva “Ley de Pesca”.
Otra arista del proyecto tiene que ver con la introducción de los criterios científicos.En las reuniones para establecer la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur (ORP), se trabajó muchísimo para lograr que se escuchara la voz de los Comités Científicos.
Finalmente se logró. Mucho está en juego. Es clave que la opinión de los comités científicos sea la base sobre la cual se tomen las decisiones administrativas. Y eso no se opone a que también exista un “panel de expertos”, ya que eso asegura que las decisiones serán tomadas responsablemente, en una ligazón estrecha con los comités científicos.
Una última reflexión. Las capturas de jurel, principal recurso pesquero pelágico del país, han bajado de manera sostenida. Pero NO olvidemos que frente a nuestras costas, un poco más allá de la zona económica exclusiva (ZEE), hemos tenido tremendas flotas pesqueras foráneas realizando muy importantes capturas de la especie que afectan directamente a nuestro país.
Son flotas realmente depredadores, y de allí también el interés y esfuerzo de nuestro país de “regular” las capturas en el mar internacional. Es de esperar que nuestra legislación vaya de acuerdo a lo que hemos acordado a nivel internacional en esta materia.