El próximo año vence la Ley de Pesca. En el 2012 debe promulgarse una nueva ley que organice este importante recurso renovable.
La actual ley, de hace 10 años bajo el Gobierno de Ricardo Lagos, ha generado algunos efectos preocupantes. Enumeraré brevemente los principales problemas que debe abordar la nueva legislación y cuáles deben ser sus nuevas prioridades:
Sobre-explotación: cuando se publicó la ley vigente, en el 2001, se pescaban 1.400.000 toneladas de jurel (la especia más capturada). Hoy, 10 años después, ni siquiera podría pescarse 300.000. Es decir, la actual ley no controla la sobre-explotación, poniendo en jaque la sustentabilidad de este recurso renovable.
Yo quiero que mis hijos y nietos conozcan el jurel, la merluza y la sardina común. La nueva ley debe garantizarlo incorporando la recomendación técnica. Desde hace años los científicos del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) han pedido al Consejo Nacional de Pesca que rebaje la cuota de pesca.
Sin embargo, las empresas que lo componen han votado año tras año por aumentarla, llevando a las especies a la sobre-explotación.
Uso poco intensivo en empleo: la pesca de la gran industria es utilizada principalmente para producir harina de pescado para exportación. 2.000 toneladas de jurel, son transformadas por la gran industria en harina de pescado en un día empleando 3 o 4 puestos de trabajo.
En cambio, con esas mismas 2.000 toneladas de jurel, 7 pymes son capaces de producir 230 puestos de trabajo mensuales por 3 meses. Es decir, concentrar las cuotas en un grupo pequeño de grandes industrias, no es una manera inteligente de promover el empleo en el sector, porque las pymes son más intensivas en factor trabajo.
Mercado concentrado: La actividad pesquera ha tendido fuertemente hacia la concentración del mercado. Un grupo de 7 familias concentran el 95% de la captura. El problema no es con aquellas familias, ni con la generación de la riqueza. Todo lo contrario.
La explotación de un recurso renovable es bienvenida, lo que no es bienvenido es que el mar tenga dueños y no exista real competencia. Desde la última ley –hace 10 años- no ha entrado ningún nuevo actor al mercado, por el contrario, se ha reducido con la desaparición de pymes (el 67% de las pymes de la VIII región han desaparecido) y la reducción de la pesca artesanal.
Uso gratuito de un recurso nacional: las 7 familias que controlan el 95% de las cuotas, pagan anualmente entre U$25 M y U$30 M anuales en patentes de sus embarcaciones. Sin embargo no pagan por la asignación de las cuotas.
Es decir, utilizan un recurso de todos los chilenos -como el cobre- y no tributan al Estado por su utilización. En circunstancias que dicho recurso es una importante fuente de riqueza.
Frente a estas situaciones perversas que ha generado la ley vigente, cabe imaginar nuevas propuestas que sean abordadas por una nueva ley más competitiva.
Entre las principales nuevas prioridades que abordaré en los próximos artículos: abrir el mercado a nuevos actores por medio de una licitación competitiva, royalty pesquero, nueva institucionalidad que regule la sobre-explotación y escuchar las recomendaciones científicas.
El mar es de todos los chilenos y debemos entregar su explotación sustentable a quiénes entreguen mayores beneficios a todos los chilenos.