Tuve la fortuna de estudiar en un colegio público. Donde se nos enseñaban las asignaturas obligatorias al mismo tiempo que aprendíamos a conocer la realidad del país y del mundo.
No eludíamos el debate, la reflexión, y aún pergenios elegíamos a nuestros dirigentes por listas políticas. El ejercicio democrático comenzaba a edad temprana. Gracias a Dios.
Fue en aquellos tiempos remotos cuando se estrenó o reestrenó, eso no lo tengo muy claro, la película EXODO.
Fue entonces cuando tomé conciencia de un conflicto que creía lejano y, para escándalo de algunos compañeros de curso y que para otros no fue tanto, dije que no pensaba ver la película porque por los datos que tenía se contaba solo una parte del drama.
Se hablaba de la heroicidad de un pueblo – el de Israel- y se ignoraba al otro protagonista, a los palestinos, obligados a someterse a un invasor o a huir con lo puesto.
Ahora que Palestina pide ante la Organización de Naciones Unidas el reconocimiento como Estado, no dejo de pensar en los innumerables desatinos que se han venido sucediendo desde el momento en que Israel se auto proclamó Estado y la comunidad internacional lo aceptó casi sin chistar, a pesar que a todas luces se trató de un procedimiento ilegal.
No es momento de hacer balance de la cadena innumerable de errores (por todas las partes implicadas) en sesenta años de historia, pero el conflicto, de baja, media o alta intensidad, se mantiene inalterable.
Dicho esto, traigo sobre el tapete un hecho que se produce en este instante y que refleja que hay quienes se empeñan en poner, además de muros, piedras en el camino para que la convivencia de dos Estados condenados a entenderse no se produzca jamás.
Las autoridades de Israel han ordenado demoler una central fotovoltaica que proporciona energía eléctrica a un centro médico, a una escuela y a 40 familias que viven en EMNAIZEL, una aldea de Cisjordania, al sur de a Hebrón.
El argumento no es la seguridad, como suele ocurrir en lo referente a núcleos palestinos de la zona. En este caso se debe, según Israel, a que la construcción de la central carece de permiso. La medida también afecta a dos viviendas próximas. El plazo dado para llevar a efecto la demolición es el 18 de octubre.
Curiosa o sorprendente la decisión.
Esta central, que costó 300 mil euros, fue construida en 2009 por la Agencia Española de Cooperación con participación de la empresa también española Sistemas Energéticos Básicos.
Por tanto, las autoridades de Israel han tenido tiempo de sobra para constatar si los papeles existían o no.
La aldea de Emnaizel se encuentra en la llamada zona C, correspondiente a los territorios ocupados y donde la Autoridad Palestina no tiene poder alguno. Los permisos de construcción deber ser otorgados por el organismo militar israelí que gestiona la ocupación y, según se afirma, dichos permisos jamás se conceden.
Por estrategia, Israel se opone a cualquier medida que favorezca a la `población rural palestina que habita las colinas del Sur de Hebrón, la que se ve obligada a dejar sus tierras para vivir en zonas urbanas.
De este modo se han asentado en esa área colonos judíos que han pasado a controlar las tierras cultivables.
De llevarse a efecto la orden de derribo, sin la central fotovoltaica, compuesta por placas solares de 30 por 40 metros y un edificio para las baterías, Emnaizel se quedará sin electricidad porque por calculadas razones políticas a los palestinos que habitan la zona se les impide conectarse a las redes palestinas.
Para evitar que se consuma la orden israelí e impedir que un pueblo completo quede sumido en la oscuridad y en el retroceso, la ONG Rabinos por los Derechos Humanos asumió la defensa de esta población palestina con todos los recursos legales para que se suspenda la medida.
Existe, no obstante, un obstáculo para lograr ese objetivo.
La llamada Autoridad Civil israelí que ha dictado la resolución y a la que deben dirigir sus ruegos los abogados, se ha tomado vacaciones hasta el 19 de octubre por una fiesta religiosa.
En este conflicto de nunca acabar entre Israel y Palestina hasta un error administrativo puede echar por tierra un acuerdo de convivencia tan necesario para la paz. ¿Porque será?