El proyecto de ley de tarificación del gas que presentó el Gobierno de Chile para Magallanes es un ejemplo claro de la incapacidad que tienen los grupos de poder que desde los 80 sostienen el ideario neoliberal para entender el proceso y los reclamos de la ciudadanía chilena.
Si bien reconocemos el intento de regular por ley el precio del gas para los habitantes de la Región de Magallanes, debemos compartir las siguientes consideraciones.
Se propone que el proceso de cálculo de las nuevas tarifas se realice en cinco años más.
La evidencia demuestra que no han sido capaces los diferentes gobiernos de pensar a mediano y largo plazo acerca de cuál será la matriz energética de la Región.
No hay elementos que nos permitan observar como probable que, en el lapso estipulado, este tema esté zanjado de manera satisfactoria y gocemos de recursos energéticos que garanticen un desarrollo regional armónico y sustentable.
La firma de los CEOPs, contratos que legitiman la creciente participación de empresas privadas en la explotación de yacimientos de hidrocarburos en Tierra del Fuego, mientras se desmantela en forma velada a la ENAP, siendo ENAP Magallanes un pilar de desarrollo para nuestra Región, nos permite anticipar un escenario en el que probablemente en cinco años más nos encontraremos negociando con privados.
Y ya aprendimos que el mercado no se autoregula. El opuesto esgrimido largamente es una falacia más, con la que debemos lidiar como ciudadanos todos los días.
[En un ejercicio de anticipación vemos como probable la amenaza de la explotación del carbón en Isla Riesco y la tentación del gen neoliberal que posiblemente se imponga a la hora de definir la matriz energética regional, dada la cercanía y abundancia del recurso.]
También se habla en el proyecto de ley de una comisión pericial, que en términos vagos nos permite sospechar que el control y de evaluación de escenarios de contingencia o futura retarificación sea un diálogo entre sectores interesados en defender la lógica de las mayores ganancias posibles e incluso permite pensar que los sistemas de fiscalización y control terminarán privatizándose.
Recelo que aumenta toda vez que los términos de los contratos ENAP-GASCO Y ENAP-METHANEX no han sido informados, ni siquiera ante el requerimiento de los legisladores de nuestra región.
Ante ese futuro posible, ¿Nos contestarán nuevamente que los términos contractuales no se pueden publicar porque son contratos entre privados?
Nuevamente, la ciudadanía debe aprender con la sola constatación de los hechos.
Si la pretensión es que los magallánicos aceptemos el mismo sistema que ha regulado las Isapres, empresas como La Polar, el sector pesquero, algunas universidades y un largo etcétera simplemente no estamos de acuerdo, porque podríamos estar hipotecando nuestro futuro.
Toda vez que el problema se radica en la impronta de seres humanos que hemos apostado toda nuestra vida y por tanto todas nuestras esperanzas y expectativas en el desarrollo armónico de nuestro territorio.
Es lamentable que las regiones tomen preponderancia solo luego de eventos como el terremoto del 2010, la muerte de dos jóvenes mujeres en enero 2011 durante la protesta en Magallanes, la tragedia del archipiélago Juan Fernández, sucesos en los que queda en evidencia la precariedad del desarrollo de los territorios que el país insiste en invisibilizar detrás de la fachada modernosa que se extienden los pocos kilómetros de Santiago Oriente.
Ya es tiempo que en un plano de respeto a las decisiones regionales, abandonando los paternalismos centralistas, los ejes de poder se trasladen a un plano que nos permita desarrollarnos desde los espacios territoriales con equidad, dignidad y una real incorporación al ideario nacional que para nosotros es mucho más que estar bajo los mismos símbolos.