Más que la sorpresa que le causa al oficialismo que la CUT haya convocado a un Paro Nacional en momentos en que la economía crece (argumento que no entiende que economía y política están desacopladas), lo verdaderamente sorprendente es que la temática laboral haya aparecido con mayor fuerza en la agenda de movilizaciones sociales recién después de tres meses de protesta estudiantil.
Sorprende que las reivindicaciones laborales no hayan sido el puntal del malestar social que se ha expresado durante este gobierno de derecha, cuando la mayoría de los/as chilenos/as participan en el mercado del trabajo más que en cualquier otro espacio público y de expresión social.
Son más los/as trabajadores/as que los estudiantes, pero la identidad asociada a ese rol aparece bastante menos fortalecida que la de los jóvenes que han llegado a cuestionar los pilares del modelo económico y de representación política.
La llamada clase trabajadora pareciera haber perdido, justamente, su conciencia de clase.
Cómo se explica que quienes hacen posible que las fábricas, empresas y servicios funcionen no sólo no se organicen en búsqueda de mejores condiciones laborales, sino que acepten niveles de precariedad que terminan empobreciéndolos.
Si hay un espacio donde las reformas estructurales impulsadas en dictadura -que hoy están en cuestión en la educación- han marcado a fuego el quehacer de los chilenos, ése es el mundo del trabajo.
La precariedad del mercado laboral que se instaló a partir de la reforma laboral impulsada por el hermano del actual Presidente, es de tal magnitud que hoy se da la contradicción de que una persona que trabaja, aún haciéndolo es pobre.
Según datos de la Fundación Sol, 70% de los asalariados privados recibe un ingreso inferior a los $300 mil y 1 de cada 3 podría considerarse bajo o al borde de la línea de la pobreza.
Aunque cueste creerlo, de acuerdo a la CASEN el 70% de los pobres tiene empleo, lo que se explica por la pésima calidad de éste.
El trabajo formal se ha vuelto precario debido a una legislación que permite al empresariado generar empleo inestable, sin contrato o con contratos temporales, por obra o faena, con bajas remuneraciones, subcontratando para abaratar costos o estimulando el trabajo a domicilio o teletrabajo para no pagar salarios fijos ni protección social.
El mercado del trabajo es aún más precario para las mujeres, que además de ganar un 30% menos que los hombres por una misma labor, participan en mayor medida en segmentos más informales y con menor calidad de empleos.
Además, debido al rol social asignado, las mujeres trabajadoras tienen mayor número de entradas y salidas del mercado del trabajo (menor estabilidad), lo que generan mayores lagunas previsionales y pensiones más bajas.
Cuesta entender que el empresariado permanentemente abogue por una mayor flexibilidad del mercado laboral chileno, cuando ello es justamente lo que le sobra.
Tal como los estudiantes le están cobrando las promesas incumplidas al modelo económico, los trabajadores deben exigir al mercado del trabajo la movilidad social prometida.
Ya es hora que el gobierno entienda que los equilibrios macroeconómicos no se traducen en un Trabajo Decente como el que promueve la OIT. Por el contrario, en periodos de alto crecimiento del PIB, también ha crecido el porcentaje de asalariadas pobres sin contrato formal y el de trabajadores sin cotizaciones.
La arremetida de la ministra del Trabajo advirtiendo sobre los riesgos de la crisis económica internacional días antes del llamado de la CUT y el debate en el oficialismo sobre la posibilidad de invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado, claramente no están abordando el tema de fondo: la calidad del empleo en Chile.
Cuestionar a la CUT por su falta de representatividad y el apernamiento de su dirigencia o pensar en querellarse contra ella por posibles desmanes, nuevamente desvían la atención del fondo del reclamo social del Paro Nacional.
En vez de ponerse nervioso con su obsesión por la Seguridad Pública, el gobierno debiera apostar a generar un espacio de Diálogo Social en que se sienten en la misma mesa Estado, trabajadores y empleadores.
Pero ello no ocurrirá mientras el empresariado persiga la utilidad a costa de bajos salarios, de la reducción de éstos o que se mantenga la figura de multirut de una misma empresa que impide negociar colectivamente.
Tampoco pasará mientras no se impulse una verdadera Reforma Laboral, que reequilibre las relaciones de poder al interior de las empresas, como sostiene Fundación Sol.
El momento para debatir sobre el tipo de empleo que queremos para Chile es ahora, antes de que el discurso de la amenaza de crisis internacional postergue una vez más las aspiraciones legítimas de la clase trabajadora.
El trabajo es una de las principales formas de participación social, por lo que ya es tiempo que el empresariado y el gobierno reconozcan la contribución de los trabajadores y trabajadoras a la creación de riqueza del país, en vez de desprestigiar y demonizar a este actor social mayoritario del país.