La semana pasada tuvimos la primera alerta ambiental del año debido a la mala calidad del aire en la ciudad de Santiago. Situación que obligó a las autoridades a tomar inmediatas medidas para paliar la situación. Entre ellas, impedir a unos doscientos mil automóviles circular por las calles y prohibir el uso de estufas a leña.
Si bien la reacción fue oportuna y ya a las seis de la tarde los sistemas de pronóstico indicaban una baja de los niveles de partículas nocivas por metro cúbico en el aire, la situación no deja de mostrarnos que siempre estamos en la reacción. ¿Dónde queda la prevención? Porque medidas como la suspensión de fuentes fijas y móviles tienen un alcance limitado y se circunscriben, fallidamente, en un intento por proteger la salud de las personas ante la aparición de episodios críticos.
Sin embargo, bien sabemos que el tema de la contaminación va más allá de los sistemas de monitoreo que nos alertan de los altos índices de contaminación. Dicha materia debe ser abordada de una manera integral, tomando medidas de fondo en todos los ámbitos que contribuyen al empeoramiento del aire.
De ahí la urgente necesidad de fortalecer el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica, así como también reabrir, en el Congreso, el debate en torno a la Ley de Permisos de Emisión Transables. Una temática controvertida que siempre ha puesto en oposición a grupos ambientalistas y empresarios.
Nada más resta ver de qué lado estará el Gobierno, si del lado de la ciudadanía o del lado de los que, sigilosamente, continúan contaminando.