Los burreros son aquellas personas en la jerga delictual que transportan las drogas, actuando como intermediarios entre el distribuidor y el productor. En los últimos acontecimientos que se investigan sobre las llamadas boletas ilegales podemos metafóricamente comparar esta figura con un sinnúmero de personas que por distintas razones entregaron boletas de su propiedad a una empresa o quien se las pidió para que los fondos fueran destinados a la campaña de un candidato. La boleta era así el vehículo adecuado para la apariencia de legalidad y la forma en que el que disponía de los recursos los hiciera llegar al que los necesitaba para su campaña.
Estas personas son muy dispares en sexo y condición social y económica. Los hay choferes, aseadores, secretarias, profesionales de distinta índole y con relaciones de parentescos directos o indirectos con los destinatarios muy distintos y aún hay estudiantes, que en la mayoría de los casos sentían una fuerte obligación moral frente al solicitante de entregar la boleta.
No es descartable que algunos dineros no hayan sido para campañas sino para fortalecer alguna economía personal.
En esta triangulación que hemos descrito, estas personas no son las principales y al parecer el SII así lo ha entendido y no ha presentado querellas en su contra y probablemente estará indagando si pagaron los impuestos o si se trata de conductas habituales, lo que parece correcto. Distinto es que la Fiscalía deba citarlos como lo está haciendo para conocer su versión, inicialmente como testigos, para ratificar su actuar y conocer sus motivaciones.
Es en este punto en el que nos queremos detener finalmente y es que en un derecho penal liberal y humanitario es bueno tener presente que hay que analizar la conciencia real de ilicitud. Esto lo analizamos hace ya 30 años en un ensayo, en la marco de un magister en delitos económicos (1987 – 1984 de Chile) denominado “Moral Social y Delito Económico” en cuya parte final sosteníamos que una labor muy importante del juez, y en este caso también de los fiscales, es averiguar la real conciencia del desvalor moral de la conducta por quien la ejecutó y agregábamos “ello en alguna medida servirá como antecedente para indagar si el sujeto pudo haber tenido la posibilidad de conocer la normativa que infringirá”.
En los casos hasta ahora conocidos hay personas de muy distinta índole y con relaciones muy diversas, algunas extremadamente dependientes o incultas.
Una labor fundamental en un Estado de derecho y estoy seguro que así se hará, es dilucidar las características de cada caso con sus particularidades porque la justicia al voleo degrada al país y deberá ser por ello capaz de sustraerse a las generalidades porque hay casos más graves que otros.
Esta fase tomará tiempo y hay que asumirlo, porque hay casos en que se agrava lo ocurrido si hay abuso de poder del candidato solicitante de los fondos o del colaborador de una campaña que exige que se involucre a terceros que ni siquiera conoce.