El Día Internacional del Adulto Mayor, establecido en 1990 por las Naciones Unidas, se celebró el pasado uno de octubre. Cabe preguntarse si tal conmemoración en un país como el nuestro donde ya se cuentan 2.600.000 adultos mayores, ha servido para conseguir que la clase política tome real conciencia de la urgente necesidad de promover y concretar serios cambios en las políticas sociales para este segmento de la población nacional que, inmerso en una imparable espiral de crecimiento, el año 2025 nos habrá convertido en el país más envejecido de la región.
Como presidente de UNAP no puedo dejar de preocuparme por la indiferencia que aprecio frente a las alarmantes cifras que nos entrega el Fondo de Población de la ONU que señalan que dentro de diez años la población mundial mayor de 60 años superará los mil millones de personas, debido al ritmo de envejecimiento de los países emergentes.
A propósito de la fecha, me llama la atención la carencia de una opinión concreta referida a las problemáticas que afectan a las personas mayores.
Me preocupa el tema porque formamos parte de este creciente grupo etario y como tales, sufrimos de las mismas discriminaciones y postergaciones. ¿Cómo no, si por ejemplo, el aguinaldo de Fiestas Patrias para el jubilado fue sólo de 14.700 pesos, mientras que para los trabajadores activos superó los 46 mil pesos?
¿Cómo no preocuparnos si vemos que en el campo de la salud, para los jubilados, como para todos los adultos mayores, la atención es denigrante? Estos deben llegar al centro asistencial a las 6 de la mañana, para que se le atienda a las 4 de la tarde, siempre y cuando esté el médico correspondiente.
¿Cómo no reiterar nuestra voz de alarma cuando vemos que el re-avalúo de las propiedades no agrícolas aumentará el drama de aquellos jubilados cuyos escuálidos ingresos les impiden pagar las contribuciones de sus viviendas, provocando en muchos extremas determinaciones frente a la incapacidad económica que les afecta?
¿Cómo no reclamar si para obtener la rebaja del 7% de salud, es necesario contar con la Ficha de Protección Social, la que ha sido modificada dos veces, a la espera de una tercera modificación, la que será realizada recién el 2013, lo que impedirá recibir la rebaja del 2% ofrecida a un limitado sector de jubilados y montepiadas?
¿Cómo no alarmarnos cuando vemos que de 368 productos de la canasta destinada a fijar el IPC anual solo 271 son utilizados por el adulto mayor, lo que significa que cada año el jubilado sufre una pérdida del 5% de su poder adquisitivo? Y, sin embargo, tampoco es considerado cuando se discute el reajuste anual para los trabajadores, constituyéndose así una nueva discriminación.
Frente a tales argumentos ¿no deberían los gobernantes y la clase política en general hacer suyos los objetivos que tuvo en consideración la ONU para fijar el uno de octubre como Día del Adulto Mayor?
Si así lo fuera, quizás, estaríamos siendo testigos y beneficiarios de un merecido nuevo trato.