Recientemente se conoció la noticia de un grupo de trabajadores peruanos que eran mantenidos trabajando y viviendo en condiciones infrahumanas en San Antonio. No es el primer suceso de esta naturaleza: ya han destacado casos como el de los trabajadores de origen chino en minería y el de los trabajadores de origen paraguayo en labores agrícolas.
Estos casos con patrones de explotación laboral permiten deducir eventuales casos de trata de personas.
En respuesta a estos sucesos, las autoridades, principalmente del ministerio del Trabajo, han condenado las condiciones de vida y laborales en que se ha tenido a estas personas aplicando la normativa laboral y la migratoria interna.
Cabe recordar también, que la legislación interna, además, contempla el delito de tráfico ilícito y trata de personas a través de la nueva Ley 20.507.
Con todo, es importante hacer presente que esta materia no se limita al incumplimiento de normativa laboral, migratoria o penal interna. Lo que aquí vemos es un problema de derechos humanos básicos.
Chile ha ratificado el año 2005 la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que garantiza, entre otras cosas, el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas migrantes, así como a un trato igualitario frente a la ley, en relación con las y los nacionales del país en donde se encuentran.
Al ratificar tratados internacionales de derechos humanos, el Estado de Chile adquiere la obligación de hacerlos cumplir en su territorio, adecuando la legislación local al contenido de los tratados, de forma que, la violación o abuso de los derechos establecidos en dichos tratados tenga consecuencias claras.
Casos como los mencionados revelan la necesidad de adecuar nuestra legislación en materia migratoria a la citada convención.
La actual ley de migraciones contiene principalmente normas para la entrada y la salida de personas, pero no contiene un catálogo claro de derechos para las personas migrantes.
Considerando los anuncios que ha realizado el Gobierno, en el sentido de introducir modificaciones a la Ley de Migraciones, si bien hasta ahora parecen apuntar, nuevamente, a las normas para entrada y salida de personas, puede generar una oportunidad para incluir en el debate legislativo el tema de los derechos de las personas migrantes, y garantizar una mayor protección para ellas y sus familias, en línea con los convenios internacionales ratificados por Chile.
Por otra parte, esto revela algo subyacente: la discriminación persistente en Chile respecto de las personas migrantes.
La actitud discriminatoria en la vida cotidiana, en el trabajo, en los medios de comunicación, sitúa a las personas migrantes en una situación de mayor vulnerabilidad que, con frecuencia, lleva a situaciones más extremas de violencia o explotación.
En el caso de trabajadores migrantes, la trata de personas o la explotación laboral extrema, es una consecuencia directa de la discriminación en contra de estas mismas personas.
Trabajar para eliminar la discriminación contra las personas migrantes en Chile, no sólo los protege en términos de ejercicio de sus derechos laborales, sino va mucho más allá, les otorga mayor seguridad personal y protege su integridad física y síquica.
En este sentido, la aprobación de una Ley Antidiscriminación comprensiva, que incluya no sólo mecanismos judiciales de reclamo, como el proyecto actualmente en tramitación, sino también mecanismos de prevención de la discriminación, sería un primer paso.
Asimismo, en relación con las y los migrantes en particular, la estructuración de un Plan Nacional de Migraciones es trascendental.
Chile debe promover condiciones satisfactorias, equitativas y dignas en relación con la migración internacional de trabajadores, formulando políticas públicas sobre migración que prevengan condiciones de vida y de trabajo inhumanas y de trato degradante, como también realizar acciones para erradicar movimientos clandestinos, fundamentalmente a través de la lucha contra la información engañosa que pueda incitar a la gente a emigrar irregularmente y sancionando a traficantes y empleadores de migrantes indocumentados.
Un Plan Nacional de Migraciones que comprenda también la integración de las personas migrantes a la sociedad chilena en condiciones equitativas, podría ser otro paso más en la construcción de una sociedad que acepte la diversidad y la formación de una cultura de derechos humanos en la cual situaciones como la de los trabajadores peruanos en San Antonio no se vuelvan a repetir.