Nadie puede negar hoy que la violencia contra las mujeres es un problema fundamental, que no sólo afecta la vida de las mujeres que la viven, sino que afecta la vida de sus familias, comunidades en las que habitan y la calidad de nuestra democracia.
Sin embargo, el problema persiste y cada cierto tiempo debemos lamentar la muerte de una mujer en manos de su (ex) pareja.
Dependiendo del actor que se ocupa en afrontarla y/o prevenirla, los avances, estancamientos y retrocesos en medidas, políticas y/o acciones específicas son distintos y algunos francamente preocupantes.
Las organizaciones de mujeres y feministas -entre tanta política de consenso- lograron levantar una institucionalidad de género que fuera garantizando los derechos ciudadanos y humanos de las mujeres chilenas.
Desde su instalación hace dos décadas, SERNAM tuvo una respuesta a la violencia contra las mujeres desde distintos frentes: Prevención, Atención, Protección y Sanción.
La complejidad de la problemática significó que el avance efectivo en la erradicación de la violencia fuera más lento de lo que las mujeres requeríamos, pero nunca vimos retrocesos tan feroces en la manera de comunicar la problemática, como ahora.
No fue una negociación fácil llegar a convencer a todos-as que la violencia contra las mujeres es un delito y en muchos casos constitutivo de tortura.
Inicialmente en el año 1994, se logró instalar en la legislación chilena que la violencia era una falta a la convivencia humana.
El concierto internacional de derechos humanos de las mujeres llevaba años transmitiendo que este acto es un delito y grave.
Finalmente, en el año 2005, se logra reponer la demanda y situar que la violencia contra la mujer es un delito y merece sanciones como tal.
Recuerdo que un día, en mis traslados matutinos al trabajo, todos-as quienes íbamos en la micro sentimos una discusión fuerte… comencé a acercarme porque presumía que era una escena de violencia doméstica.
“No soportaré más tus abusos, tus maltratos, tus golpes… no me hagas callar…no me da miedo que me amenaces con patearme en la casa… ya no te tengo miedo”… el hombre insistía en callarla y hacer que ella lo mirara…
Le dije a la mujer: “me bajo en Plaza Italia, si quieres te bajas conmigo. También puedo ir donde tu vayas”…
El hombre me toma el brazo, me mira y me dice: “Ud. no se meta, esto es privado”… “me meto, porque esto es un delito flagrante… acaso Ud. no sabe que en Chile el hombre que maltrata a una Mujer es un delincuente…. ¡¡¡¡Ud. señor es un delincuente!!!!”
Para mi sorpresa, la micro entera me apoyó y comenzó a gritarle delincuente… pero nunca maricón… quienes íbamos en la micro teníamos clara conciencia que lo que estábamos presenciando era un delito y no una mariconada.
Era un delito incluso distinto a otro, porque restituir el daño del robo de un anillo o un collar es relativamente fácil, pero reponer la vida, la integralidad y salud de las mujeres es una tarea gigantesca y en caso de muerte algo imposible.
Es por eso, que irrita y preocupa el cómo, un poder del Estado, está comunicando esta problemática.
A SERNAM le corresponde garantizar los derechos de las mujeres y no cometer y promover actos homofóbicos como la “Campaña Maricón 2.0”.
No se puede prevenir la violencia contra un grupo, discriminando a otro por su condición sexual o cualquier otra razón.
Experimentamos un retroceso atroz y con consecuencias nefastas para la toma de conciencia en muchas mujeres que aún no reconocen tener un derecho básico: el vivir una vida libre de violencia, con un Estado que garantiza sus vidas e integralidad física y psicológica respecto de un delito que deja huellas invisibles para muchos-as, pero difíciles de borrar para quienes la viven.
El lenguaje construye realidades.
La realidad en estos casos es una sola y su construcción no debe responder al marco interpretativo de ningún grupo y sus intereses.
La violencia contra la mujer es un delito y el hombre que la ejerce es un delincuente, no un Maricón.