Luego de 30 años de aplicación de la Ley Eléctrica de 1982, Chile sufre un conjunto de problemas de de seguridad de suministro y conflictos territoriales asociados al desarrollo energético.
Durante el actual gobierno, y particularmente después de la aprobación de las 6 centrales térmicas de Castilla en Atacama y las 5 represas de Hidroaysen en la Patagonia, estos problemas han tensionado a los chilenos al extremo, dando lugar a masivas protestas ciudadanas y generado un conflicto político difícil de resolver, pues ha involucrado a parlamentarios de la Alianza y partidarios del gobierno.
Esta situación se debe al incumplimiento del presidente Piñera de los compromisos de campaña y del Programa de Gobierno en el ámbito energético; el incumplimiento de su anuncio del 21 mayo de 2010, en orden a formular una ley para incrementar a 20% la meta de energías renovables no convencionales al año 2020.
A ello, se agrega el rechazo de los ciudadanos respecto del desmontaje institucional de la Agencia de Eficiencia Energética y del Centro de Energías Renovables y la firma de acuerdos de cooperación nuclear con Argentina, Francia y Estados Unidos.
Para enfrentar este conflicto político el gobierno nombro una Comisión asesora para el desarrollo energético, la cual esta dominada por los técnicos, políticos y consultores que diseñaron y profitan de la actual política energética, lo cual no da garantías de que se enfrentarán en profundidad los problemas estructurales que hoy sufre el mercado eléctrico.
Es por ello, que un conjunto de organizaciones ciudadanas y académicas, junto a los senadores Gómez, Allende, Cantero, Horvath y Rincón, de la Comisión de Energía del Senado, constituyeron una Comisión Ciudadana-Parlamentaria para realizar un diagnóstico independiente sobre los problemas estructurales que sufre la actual política energética y las distorsiones del mercado eléctrico en Chile, y proponer al gobierno y al parlamento las regulaciones y medidas para resolverlos.
En el diagnóstico elaborado por la Comisión Ciudadano-Parlamentaria sobre la problemática eléctrica, se señalan como principales vulnerabilidades del sistema a: la concentración de la generación en tres empresas que dominan el desarrollo eléctrico según sus intereses; escasa diversificación de la matriz energética y creciente dependencia de combustibles importados; altos niveles de contaminación local y emisiones de gases de efecto invernadero; inequidad social y regional en el pago de la cuenta eléctrica ; y un débil rol del Estado y de los ciudadanos en las decisiones sobre el desarrollo energético.
Estos problemas y las propuestas de política pública para superarlos serán dados a conocer en los próximos días por esta Comisión, mostrando como Chile puede recuperar la gobernabilidad democrática sobre el desarrollo energético, e inaugurando en Chile la participación ciudadana en las decisiones sobre la matriz y la política energética.
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