El derecho a la salud, pese a ser un derecho universalmente reconocido como tal, no existe en nuestro país.
Contra el, atentan los intereses privados de quienes, sin importarles la vida de las personas, solo utilizan las prestaciones de salud para ganar dinero a costa de los enfermos. En esa lista están las clínicas privadas, los laboratorios y todos aquellos que se niegan sistemáticamente a subir de manera significativa la inversión pública en este ámbito, con la excusa de que es el sector privado el más eficiente y el más eficaz para tales efectos.
Ninguno de ellos, por cierto, podría explicar el hecho de que más de 50 comunas de nuestro país, no tengan ni siquiera una farmacia en todo su territorio, como tampoco podrán explicar por qué las familias más vulnerables no tienen acceso a los medicamentos más caros que superan en tres veces o más sus ingresos familiares.
La respuesta es una sola, al mercado no le interesa la salud de las personas y jamás le interesará. Solo le importan sus utilidades y eso es indesmentible.
Ya lo planteaba Adam Smith, padre del capitalismo, cuando afirmaba que el mercado nunca debía intervenir en áreas sensibles como educación, salud y defensa porque implicaría problemas éticos y morales que el pensamiento capitalista no tenía capacidad de resolver.En este caso el problema ético es absolutamente claro, nos preocuparemos por el mercado o por la salud de nuestros ciudadanos?
En este contexto, una de las variables fundamentales de este derecho esencial lo constituye el valor de los medicamentos, que en nuestro país se ubica entre los más caros del mundo, lo que resulta particularmente grave si consideramos que en las etapas de la vida en donde más medicamentos necesitamos coincide con aquella en la que menos recursos tenemos, más solos estamos y de menos movilidad gozamos, con la excepción del 10% más rico de los chilenos.
Para abordar este tema tan trascendental, nuestra administración inició un proceso para implementar una cooperativa de pacientes y una farmacia municipal que fueran capaces de evitar los intermediarios, que hacen que los medicamentos multipliquen varias veces su valor entre el productor y el punto de venta final, representado en más de un 90% por tres cadenas de farmacias que incluso han llegado al extremo de coludirse para aumentar sus ganancias a costa de la salud de los más vulnerables.
Hoy podemos decir con orgullo que dicho proceso ha llegado a su fin y que en un acto de amor colectivo, de solidaridad y de responsabilidad de parte del Estado, hemos inaugurado la primera farmacia municipal de Chile, que permitirá a todas las y los recoletanos, acceder a los medicamentos que no cubre la salud primaria, a precios hasta un 70% más baratos que en ese mercado que se nutre de la enfermedad y la muerte.
Esta iniciativa lleva el nombre de Ricardo Silva Soto, un joven estudiante de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad de Chile, asesinado por agentes de la dictadura cívico militar en 1987, en la calle Pedro Donoso, en el marco de la Llamada Operación Albania y esperamos sea replicada por numerosos municipios ya que marcará un antes y un después en la batalla por reponer el cuidado de la salud de nuestros ciudadanos como un derecho básico y seguramente molestará profundamente a aquellos que han hecho de la salud un negocio.
Por lo mismo, resulta indispensable que nos dispongamos como sociedad a defender este logro, a consolidarlo y promover su réplica en todo el territorio nacional para comenzar a eliminar el lucro del área de la salud, mientras nos aseguremos, en el proceso constituyente que se inicia, que la Nueva Constitución consagre este y otros derechos para construir un país más justo y solidario para todos y todas.