Hace unos meses recordé a los lectores la posición que tuvo la Democracia Cristiana frente a este tema el año 2007, con ocasión del último Congreso Doctrinario y en ese artículo señalé que una profunda discusión de gente muy bien inspirada había permitido concluir que era preferible no intervenir sobre el tema y que se mantuviera la cuestión bajo los protocolos y criterios médicos, caso a caso en la clásica relación médico, paciente y familia.
Recuerdo aquello porque el proyecto que se envió hace unos meses, sin discusión pre legislativa de los partidos que sustentan al gobierno, ya ha sufrido importantes modificaciones que nos permiten sostener que se va desdibujando su carácter originario.
Si bien en el estado actual el violador ya no será anónimo, al menos en las menores de edad, el proyecto ha buscado precisar el carácter de la relación médico paciente y definir cuáles serían los casos en que habría riesgo vital concreto para la madre, en un caso y cuáles serían las inviabilidades del feto en la segunda causal.
La discusión se ha tornado cada vez más compleja y ya cada palabra cuenta y hay un cúmulo de indicaciones que reflejan la muy difícil materia que se pretende legislar en Chile.
Sin embargo, una lectura en general permite concluir que el proyecto pareciera despeñarse por una pendiente en que nadie va a quedar contento si llega a prosperar. En efecto, los que sostenemos que la vida comienza con la concepción y el ser merece amplia protección en su etapa gestativa, nos inclinamos por una posición más restrictiva.
Por otra parte los que en el fondo piensan de que se trata del derecho absoluto de la mujer de tener o no un hijo, sienten que el proyecto constriñe el tema a pocos casos y complejiza enormemente la libertad de abortar.
En este estado conviene preguntarse por dos materias que saltan a la vista. Primeramente es incuestionable que este proyecto adolece de fallas de técnica legislativa que obligarán a rehacerlo muchas veces tal como ha ocurrido con otros que se refieren a temas muy complejos, pero aun si se lograra conciliar un proyecto meridianamente razonable no cabe la más mínima duda que ha hecho que se enfrenten partidos y parlamentarios e intelectuales de la propia Nueva Mayoría, lo cual ha debilitado un proceso de convergencia que parece más que urgente en los momentos actuales.
No se divida la razón política para discutir el proyecto ahora sin tomar en cuenta todas las variantes de orden político y otras que escapan al ámbito estrictamente naturalístico y que pueden afectar otras esferas no previstas en el proyecto.
Respecto de esta última materia convendría tener presente que si se legaliza el aborto y el Estado en consecuencia avala con una ley la conducta del sistema de salud público y privado, impone a las personas que intervienen a una responsabilidad penal, civil y administrativa mucho más delicada que cuando el Estado no asume el rol que esta ley incipientemente establece.
Los equipos médicos deberán ser muy certeros en sus diagnósticos porque siempre estará no solo la mala fe que ya está prevista en el Código Penal, sino el error que hará responsable al Estado y a las clínicas y a los propios médicos y equipos de los diagnósticos equivocados.
El proyecto merece ser discutido sin duda alguna en un país democrático, pero esa afirmación no nos obliga hacerlo sin la mayor reflexión y en los adecuados tiempos políticos y por eso sería conveniente que este proyecto se debatiera en una forma más elevada y más pausada, porque la gravedad de las circunstancias lo ameritan y porque así como no son iguales todas las enfermedades de una eventual madre, la ciencia ha cambiado las posibilidades de viabilidad de un feto y no cabe la menor duda que hay violaciones y violaciones y que es mejor a veces que sean los médicos con mayor libertad y los jueces con facultades de atenuar las disposiciones legales los que hagan una labor que una ley genérica no pareciera abordar en la profundidad y extensión que se requiere.
El país y la Presidenta lo agradecerán.