La empresa privada hace negocio con todo aquello que proporcione ganancia y procurando satisfacer una necesidad, es decir, gana entregando algún beneficio que se requiere obligatoriamente. Esa es la Teletón, por lo cual la crítica no puede ir a la rentabilidad pues las leyes que las transnacionales han impuesto se imponen a su vez en Chile. La falta de coraje nacional o comprensión de la realidad para organizarse impide que se logre lo esencial.
Por tanto, lo cierto es que este proyecto de marketing organizado por “Don Francisco” da a un sector reducido y necesitado efectivamente, de un tratamiento que no lo puede obtener por otro mecanismo que no sea éste, pues sus recursos económicos lo impiden: es la opción actual a su alta dificultad y la satisface.
De allí que el show permite mostrar la caridad (valor que degrada al ser pues lo pone en su condición de inferioridad), exhibida por personajes de los Medios, empresarios y marcas, entre otros, aportando un pago por la propaganda que les otorga la publicidad, es decir, existe un costo para la difusión del producto. Así es y está legalizado.
Sin embargo, el mensaje debe ser otro pues se demuestra que lo anterior satisface a personas que darían todo por recuperar su bienestar y ello es legítimo. La crítica no está centrada, entonces, en el negocio pues, aunque sea incorrecto aprovechar las debilidades, existe y es permitido por las autoridades. Para ello, debería proponerse un modelo de sociedad donde lo comunitario sea la respuesta y Chile dista mucho de esa proyección, por lo que debe luchar por conseguirla prontamente.
La propuesta es responsabilizar al Estado integralmente de sus ciudadanos en términos de patria: ser patriota es defender los derechos fundamentales de los chilenos. No defenderlos está vinculado con un desprecio a la esencia humana…lo que muchas veces ocurre tanto con las clases políticas, las élites y sectores sociales.
La conclusión es clara: la Teletón realizará su negocio mientras no se cree otra alternativa.Lo ético es que sea fiscalizada directamente por el gobierno de tal modo que sus ingresos vayan exclusivamente para el fin que se dice proponer, evitando los pagos personales, las dádivas y descuentos por impuestos, de tal modo que la intención pueda tener una ligazón, aunque distante, con lo transparente y solidario.
Exigir que las empresas participantes adopten leyes que establezcan oportunidades laborales efectivas para la discapacidad, como requisito para participar, es inexcusable.
Lo correcto es que el gobierno no entregue recursos del Estado a organizaciones privadas sino que las invierta en un sistema de salud completo que integre a todos los sectores, superando la medicina que discrimina y sanciona a los sectores medios y de menores recursos. Esa es la verdadera opción que un gobernante con idoneidad social haría y sus ciudadanos conscientes reclamarían con inmediata urgencia.