Considero anómalo que exista en un país un sistema de salud que anteponga su interés de lucro por sobre la salud y que viole sistemática y permanentemente los derechos humanos.
Los tratados, convenciones internacionales y, en especial, la Constitución chilena prohiben dichos actos.Las isapres tienen como práctica institucional la discriminación hacia los más débiles y los enfermos.
Aquí no hablamos de dinero, hablamos de la salud, por tanto es incompresible que los niños tengan primas más costosas, que las mujeres en edad fértil sean discriminadas, así como a muchos otros grupos de la sociedad.
Aún más grave es la prexistencia que viola el juramento hipocrático que obliga por sobre todo a atender al enfermo.Tratándose de instituciones de salud, es realmente violento que rechacen la atención de enfermedades previas.Atentan contra su razón de ser, la supuesta “misión” para la que fueron inventadas.
Las Isapres aparecieron durante la dictadura militar.En democracia nunca una ley de este tipo, con los quorums calificados a las que está sujeta, hubiese sido aprobada.
Ni menos hablar de una ley hecha por los mismos que controlarían los directorios de las empresas.
Un traje a la medida que generó –sin regulación alguna- beneficios, privilegios y considerables fortunas.
La Presidenta Michelle Bachelet presentó hace unos días a los 18 integrantes de la Comisión Asesora Presidencial que deberá proponer modificaciones al sistema privado de salud. Valoramos la decisión del Ejecutivo, pues para construir un país igualitario es fundamental regular y establecer justicia en uno de los sistemas más abusivos que tenemos en Chile.
Si bien es positiva la creación de la Comisión Asesora esta debería avanzar rápidamente en el establecimiento del diagnóstico pues los temas ya están discutidos.
En los últimos dos años el Congreso está tramitando una reforma las Isapres que elimina todo tipo de discriminación, que pone fin a las exclusiones y a la preexistencia en los planes de salud.Siendo autor de aquella iniciativa legal(Boletín 6761-11) considero muy importante que todo ese trabajo sea incorporado a la Comisión Asesora Presidencial para tener al más breve plazo una ley que termine con los abusos.
La participación de los ejecutivos que representan a las Isapres al interior de la comisión puede ser un aporte, pero es evidente que no se debe esperar un consenso a la hora de actuar. El Ejecutivo deberá decidir qué tan profundamente resguardará el derecho a la salud y evitará los atropellos.
Los cambios deben ir asociados a mecanismos de control y fiscalizacion para cumplir con las garantías explicitas de salud (GES), otorgando cobertura suficiente para atenderlas.
Hoy las Isapres son un inseguro de salud. Si un afiliado se enferma de gravedad,muchas veces, debe hacer un copago tan alto que,pese al prepago anterior, se endeuda de por vida.Hemos planteado un piso de aseguramiento que debe ser de al menos 80% de los costos en caso de hospitalización. No se debería pagar más del 20% del gasto total de la prestación. Y de una manera tal que sea viable para su remuneración.
En el caso de una atención ambulatoria -exámenes y especialistas- la cobertura debería ser del 70% y el máximo a pagar un 30%.
También es fundamental terminar con la integración vertical. Es inaceptable que las clínicas sean dueñas de Isapres o viceversa.Finalmente privilegian su estrategia comercial obteniendo utilidades millonarias.Por lo mismo es importante impedir un IPC de la Salud.No podemos seguir aceptando más colusión y alzas de precios artificiales.
Hay que terminar con la modificación unilateral de los contratos de salud.Impedir que de manera autónoma las Isapres suban el costo del plan o lo modifiquen.Es muy importante que se establezca que el 90% de lo que se cotiza en salud se destine al GES y no al negocio secundario de las Isapres como la hotelería u otros.
Hay que crear un fondo de compensación de riesgo.Es decir,establecer una prima para las personas con más peligro como niños, embarazadas y adultos mayores. Entonces cuando el sistema público de Salud recibe a pacientes expulsados por su alto costo del sistema privado, las Isapres deberán pagar al sistema público que recibe esta cartera de mayor riesgo.De no hacerlo estimamos que habría un subsidio encubierto a las Isapres de $1.000 millones de pesos al año.
Los planes deben ser de por vida. Las Isapres le hacen un daño al país pues son las únicas instituciones de salud que no hacen prevención.Y no la hacen porque tienen la posibilidad de desterrar al que se enferma.
Si los planes fueran de por vida y no pudieran eliminar al anciano y enfermo, estarían obligadas a prevenir para evitar los costos de los tratamientos. Para las Isapres será más conveniente y barato prevenir los cánceres, los infartos y los accidentes vasculares.
Se debe tener una tarifa plana, la misma toda la vida, que establezca solidaridad de los sanos hacia los enfermos, de los más ricos a los más pobres, y de los jóvenes a los viejos.