El rechazo de la Cámara de Diputados a los dos elementos que constituían el corazón del proyecto de modificación del Sistema Privado de Salud que regula el funcionamiento de las ISAPRES, aparece claramente en la línea correcta: ni el famoso IPC de la salud ni la propuesta de Plan Garantizado representan por su concepción, avances significativos para terminar con la indefensión del afiliado ante estas empresas.
IPC de la Salud. No puede ser que se pretenda señalar como una mejora la creación de un mecanismo de medición de alzas de precios sectoriales que incluye en forma exclusiva la cuantificación del monto en que las propias ISAPRES a través de las clínicas de su propiedad reajustarán los precios de las prestaciones que otorgan.
Ese es el mecanismo que ha sido rechazado, el gobierno se ha negado a incorporar elementos de medición objetivos como pueden ser la variación que esas mismas prestaciones tengan en el sector público de la salud.
Un IPC particular construido y manejado por las propias ISAPRES que habría permitido legitimar los escandalosos reajustes de precios que han permitido las utilidades groseras que estas instituciones han tenido en los últimos años.
¡Qué se puede decir ante esto sino que está muy bien rechazada la idea!
El Plan Garantizado de Salud propuesto tampoco contempla avances significativos respecto a lo actualmente vigente: se establece la discriminación por edad, cuestión expresamente rechazada por el Tribunal Constitucional, el proyecto reduce garantías vigentes, se desregulan ciertos servicios y el arancel se define por el Ministerio respectivo y un Consejo que sólo contempla prestadores privados. No se avanza en el control de las preexistencias ni las exclusiones.
¡En definitiva nada sustantivo como para merecer ser aprobado¡
Nada relevante en cuanto a beneficios para los afiliados al sistema y además el peligro que su aprobación implicara una peligrosa sanción constitucional para que las ISAPRES pudieran seguir reajustando a voluntad sus tarifas y generando las utilidades conocidas.
El proyecto deshuesado pasará al Senado donde resulta esperable que la oposición se conduzca en términos más cercanos a como lo hizo en la Ley del pos-natal que en la tramitación de la Ley de Pesca.
Una vez más la oposición está llamada a enmendarle la plana al Ejecutivo, a mejorar la iniciativa, a convertir en bueno un mal proyecto, en este año eleccionario eso es un muy buen apronte para las decisiones que habrá que tomar a fin de año.
Por último no hay apuro, el fallo del máximo Tribunal de Justicia es la mejor noticia que han recibido los afiliados al sistema, si alguna ISAPRE tuviera la desvergüenza en marzo de informar un alza en sus planes, cada uno de los afiliados sabe que puede recurrir a los tribunales. Lo que no deja de ser tranquilizador.