Acaso las garantías fundamentales más básicas de que debe gozar toda persona en nuestra patria son los derechos a la vida y a la salud. Por la sencilla razón de que sin ellos se hace imposible el goce de cualquier otro.
Para asegurarlos, a lo largo de la historia, el Estado generó un sistema de protección y una red de hospitales y consultorios. A partir de los ’80 ello tuvo una variante con la creación de un sistema privado alternativo, administrado por las ISAPRES.
Las evidentes diferencias entre ambos y el encarecimiento de muchas prestaciones hizo necesario introducir una mayor equidad; evitando que se discriminara por el bolsillo del paciente. Para esto se creó el AUGE, un listado de patologías en que se estableció un protocolo de atención, con plazos y cobertura financiera equivalente para todos.
Tenemos que seguir avanzando, para ampliar la cobertura a otras patologías de alto costo, que hoy no están en el AUGE y que son imposibles de pagar para una familia normal y para superar algunos obstáculos que aún quedan pendientes.
Es el caso del cáncer de mama, que cobra la vida de tres mujeres cada día y que está incorporada en el AUGE, pero presenta situaciones de discriminación que no son aceptables.
Así, las mujeres que sufren el denominado tipo “Her 2 positivo”, el más agresivo y de peor pronóstico, pueden mejorar sus expectativas con una terapia a base de un fármaco llamado Herceptín. Éste tiene un costo aproximado de un millón doscientos mil pesos por dosis, en tanto el tratamiento completo supera los 20 millones.
Dicha medicina está en la Guía Clínica del ministerio de Salud. Sin embargo, no está en la canasta del AUGE. La consecuencia es que mientras las pacientes de FONASA no pueden acceder a el, las que pertenecen a las ISAPRES sí, porque el sistema privado se basa en dicha Guía.
He sido testigo de la desesperación de estas mujeres, obligadas a realizar colectas, bingos, rifas, completadas y tantas otras iniciativas para costear su tratamiento y aferrarse a la vida.
Es el caso de Cecilia Rojas de Combarbalá, quien mensualmente debe realizar todo este tipo de actividades pese a su enfermedad con el propósito de reunir recursos para comprar medicamentos. Además, ella debe viajar desde Combarbalá a La Serena (191 km) para recibir el tratamiento. Es mi tarea lograr que se entregue un trato digno y sin discriminaciones a estas mujeres.
El año 2010, durante la presidencia de Michelle Bachelet, se diseñó y financió un plan para atender oportunamente a alrededor de 200 mujeres con este cáncer, con un presupuesto de más de 3 mil millones de pesos. Según el ministro Mañalich se atendió a 56 pacientes.O sea, quedarían 144 cupos y aún así se les niega la atención.
Recientemente, el mismo Ministro consultado sobre el asunto señaló que la medicina estaba disponible y que las pacientes debían ir a FONASA con su orden médica.Muchas concurrieron, pero no tuvieron éxito.
Por su parte, el director del FONASA dijo que los Servicios de Salud, a través de la Unidad del Cáncer del ministerio de Salud, solicitan el financiamiento de la droga, pero que ésta se entrega en el propio hospital donde se atiende la paciente.
En buen chileno, el “compra huevos”. Lo que, al parecer desconocen ambos es que equipos medios del Ministerio han cuestionado la utilidad de esta terapia por encontrarla “cara”.
Esto tiene que resolverse. Tanto en lo que respecta a este medicamento así como para seguir fortaleciendo las acciones contra el cáncer de mama. Necesitamos más mamógrafos en los hospitales públicos y más prevención y educación desde muy temprana edad.
Lo mismo debe ocurrir con tantas otras enfermedades de altísimo costo y que no pueden ser solventadas por las familias, como la hidatidosis, por poner un ejemplo frecuente en nuestra zona.
La salud, como la educación, son áreas donde la desigualdad se hace más evidente y debemos enfrentarla decididamente.