Las movilizaciones sociales y estudiantiles están en pleno desarrollo, y sus alcances se pueden analizar de diferentes perspectivas.
Yo me declaro representada por este movimiento, que me parece serio en sus planteamientos y legítimo sin duda alguna, pero la situación de los 40 alumnos, secundarios en su mayoría, que mantienen una huelga de hambre, me obliga a plantear un conflicto muy serio desde el punto de vista ético.
Se trata de valores en conflicto.
Por un lado la libertad de tomar una decisión, la fidelidad a un movimiento social, la justicia y por otro la protección de la vida.
Llevándolo a principios, se enfrentan principalmente el “no dañar” (en bioética llamado “no maleficencia”) y la autonomía.
El principio de no dañar forma parte y da sentido a la profesión médica.
Corresponde al “primum non nocere”, presente en el Juramento Hipocrático, y es nuestro deber siempre.
Preservar del daño, implementando para un enfermo las terapias indicadas y necesarias.
Se le considera un mínimo, vale decir, debe defenderse y buscarse siempre.
Por otro lado la autonomía, o capacidad de autogobierno, si bien es un principio importante, no es un mínimo, y a veces, en pos de un beneficio, puede quedar relegado a un segundo plano.
En este caso en particular, el daño es evidente; los peligros reales e inminentes.
Por otro lado la capacidad (que es lo primero a evaluar para saber si se decide con autonomía), puede estar afectada por los trastornos propios de no comer, por presiones o emociones que impidan ver la realidad sopesando riesgos y beneficios.
En el caso de menores de edad, cuando bordean los 14 años ya están preparados para ejercer sus derechos y entender algunas consecuencias de sus actos. Pero no todas ni tan extremas como dar la vida por una causa.
Ahora, ni a los médicos ni al estado les corresponde definir el mejor interés de un menor.
En general esto radica en la familia.
Sin embargo, la función del Estado es velar para que no se traspasen ciertos límites en relación a los hijos.
En ese sentido debe entenderse el recurso de protección actualmente vigente en este caso, no como una intromisión, sino como un Estado cumpliendo su deber.
Las familias de los estudiantes deben ser apoyadas y persuadidas para que, en medio de la confusión y los valores enfrentados, puedan darse cuenta donde exactamente radica el bien para sus hijos.
Los médicos no podrán abandonar su compromiso de hacer lo correcto, lo indicado para salvar la vida de adolescentes en riesgo.