Declaraciones rimbombantes, tesis histéricas, aclaraciones innecesarias como decir que no se ha perdido territorio, conclusiones depresivas, son las que desde ayer han llenado las redes sociales, los comentarios periodísticos, y lo que es peor aún, las columnas de opinión de cuanto pseudo analista, autoridad o político que creen entender el verdadero sentido del fallo que la Corte Internacional de La Haya expresó ayer en la mañana.
Llama la atención lo desinformado que están algunos parlamentarios, el tono chovinista de sus declaraciones, lo confundidos que están algunos al tratar de entender y a veces tratar de explicar las consecuencias de un veredicto jurídico que tiene mucho de gatopardismo.
No hay que ser experto en derecho internacional para darse cuenta que en la propia lectura del fallo se deslizaba la tesis de que la CIJ delimita la cuestión de fondo sólo a poder juzgar si corresponde o no a la Corte pronunciarse respecto de una negociación entre Bolivia y Chile para que la república altiplánica tenga acceso al mar.
Al hacer esta distinción descarta la posibilidad de que la Corte revise el Tratado de límites vigente de 1904 y/o pueda obligar a Chile a entregar soberanía a Bolivia. De alguna manera la contundencia del fallo de ayer expresa con claridad que la CIJ sí puede juzgar si corresponde o no que Chile deba negociar con Bolivia pero no revisar el Tratado vigente de 1904.
Ante esto, el proceso que recién se inicia podría incluso estimar de aquí a 2 o 3 años que no hay antecedentes que hagan concluir a la Corte que Chile tenga obligatoriedad de negociar con Bolivia, y en el caso de que sí corresponda en ningún caso supondrá un tipo de resultado específico, es decir, cualquier cosa que se resuelva en una eventual negociación entre ambos países pasará siempre por la voluntad de Chile y nunca por la Corte.
No me gusta hacer apuestas ni menos anticiparme a un resultado cuando nos enfrentaremos a un proceso tan dinámico como éste, sin embargo lo que me resulta claro es que la soberanía territorial de Chile y la mantención de sus límites no van a estar nunca en manos de ninguna Corte, y que en el “peor de los casos” Chile tendría que sentarse a escuchar la postura boliviana y eventualmente poder negociar alternativas para que el pueblo altiplánico sienta que con Chile podemos ser no solamente socios en conectividad marítima sino también en la construcción de una agenda diplomática, económica y social bilateral donde las barreras de la desconfianza se puedan derribar de una vez por todas.
La declaración de presidente Morales realizada tras el fallo que invita al diálogo, no sólo debe verse como parte de una estrategia comunicacional bien urdida desde la Paz, sino como la constatación de que, más allá de las bravatas expuestas en la prensa internacional y lo artificiosa que puede ser esta tramitación en La Haya, lo importantes seguirá siendo para Bolivia que cualquier cambio en el statu quo de la cuestión marítima pasará por la voluntad política de nuestro país.
Por eso, y ante un análisis desprovisto del tono histérico de algunos de nuestros políticos y analistas que con ello sólo desinforman y asustan a la opinión pública, es que debe primar la calma, la razón y el derecho que mana del propio Fallo que en absoluto nos perjudica y menos viola nuestra soberanía.