La Presidenta Bachelet cerró el 2015 con un episodio que pudo haber provocado la más grave crisis de su gobierno hasta hoy. En efecto, la manera casi secreta con que su equipo de asesores concibió su primera visita a la Araucanía el martes 29, informándole al ministro del Interior, Jorge Burgos, solo en el momento en que la Mandataria partía, desnudó un estilo insostenible de tomar decisiones que, probablemente, refleja un espíritu defensivo del entorno presidencial ante las dificultades.
El ministro, responsable de la seguridad interior, había viajado varias veces a la región, incluso acompañado de los jefes policiales, con el fin de escuchar a las víctimas de los ataques incendiarios, resolver medidas de apoyo a ellas y reforzar los planes de contención de los grupos violentos.
¿Cómo explicar su marginación? Si se descuenta la intención de zaherir a la Democracia Cristiana, que sería absurda, además de dañina para la propia estabilidad del gobierno, quizás prevaleció en los colaboradores de la Presidenta el deseo de mostrarla actuando con autonomía -a lo que tiene pleno derecho-, pero sin considerar los previsibles efectos políticos de esa manera de proceder en este ámbito específico.
En la DC hubo unanimidad para rechazar el maltrato. Comprensiblemente, el ministro presentó su renuncia, la que fue rechazada por la Presidenta. Corresponde destacar la rectitud y el sentido del deber con que actuó Burgos en una hora muy difícil para él, para su partido y para el gobierno. Son esos momentos en que un político debe definir cuáles son los valores a defender en primer lugar.
Por respeto a sí mismo, no dudó en poner el cargo a disposición de la Mandataria, y por respeto a ella, luego de que reconoció el error y le reafirmó su confianza, él aceptó seguir en el cargo, no sin antes decirle “que esta situación no se podía repetir”. Burgos debe haber puesto muchas cosas en la balanza, pero sobre todo la necesidad de evitar males mayores. En eso consiste precisamente la ética de la responsabilidad, y hay que resaltarlo.
En las encuestas, la mayoría opina que el país va por mal camino y manifiesta desacuerdo con las reformas tributaria, educacional y laboral. Hace varios meses que la desaprobación a la Presidenta supera el 60%. La inquietud por el estancamiento económico y la baja inversión es muy justificada. Pero no hay duda de que el problema mayor es político, pues se relaciona con el rumbo del gobierno y en particular con las incongruencias que no ha sido capaz de resolver.
Está demostrado que una coalición cuyos integrantes no tienen un horizonte compartido es muy difícil que gobierne eficazmente. Tal es el caso de la Nueva Mayoría, en cuyo seno son muy profundas las diferencias sobre cómo entender el progreso y cómo concebir la lucha contra la desigualdad. Allí está el núcleo de las dificultades.
La Presidenta debe convencerse de que no hay espacio para nuevos experimentos y que necesita actuar con gran realismo para crear un ambiente de confianza y estabilidad. La Moneda debe alentar el dinamismo de la economía, desatar los nudos legislativos y evitar cualquier iniciativa que traiga más ruido y confusión. La discusión de la ley de educación superior no puede repetir los errores cometidos con las otras reformas.
En definitiva, este año la mandataria debe decidir cómo quiere que termine su gobierno: con un balance relativamente aceptable, o empantanado en una agenda sin prioridades, impotente para dar una salida a los problemas que le cayeron encima o que generó por su propia cuenta.
El Estado tiene que focalizar el gasto público, con el fin de atender las necesidades principales, en particular aquellas referidas a las condiciones de vida de los sectores que están en desventaja.Hay que evitar que las familias que salieron de la pobreza puedan recaer en ella. Chile no puede retroceder respecto de lo mucho que avanzó en los últimos 25 años.
En octubre elegiremos alcaldes y concejales en un clima de fuerte escepticismo de amplios sectores, lo que podría estimular la abstención, facilitada hoy por el voto voluntario. Así las cosas, nadie está en condiciones de anticipar cómo se comportará el electorado después de la crisis del financiamiento fraudulento de las campañas, que acentuó el descrédito de los partidos. Con todo, el pronunciamiento de los electores implicará un juicio sobre el actual estado de cosas y una señal sobre el futuro. Es probable que la campaña municipal marque también el inicio de la campaña presidencial.
En este contexto, el llamado proceso constituyente, que será simultáneo a la competencia electoral, es completamente disfuncional para el objetivo de concentrar las energías y los recursos del gobierno en la atención de las necesidades de la población. Se pueden enredar todavía más las cosas, y el costo lo pagará el gobierno. Es legítimo debatir sobre la posibilidad de cambiar la Constitución parcial o totalmente, pero son demasiados los interrogantes sobre la metodología, y no habrá tiempo ni calma para discutir seriamente el fondo de los eventuales cambios.
El gobierno tiene la obligación de hacer mejor las cosas en 2016, porque si no es así, el país se verá en problemas demasiado serios. Es positivo que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, haya defendido la racionalidad fiscal y la necesidad de estimular el crecimiento; porque ello no se consideró al comienzo del gobierno, se cometieron gruesos errores. La lección hay que aprenderla sobre la marcha. El país necesita potenciar la colaboración entre el Estado y el sector privado, lo que implica apoyar el emprendimiento, la inversión y la creación de empleos.
Debemos trabajar duro para tener una sociedad más justa, pero impedir a toda costa que Chile caiga en la trampa del populismo, de cuyos estragos son un ejemplo elocuente las catástrofes de Venezuela y Argentina. De todos nosotros depende que el país perfeccione sus instituciones democráticas y genere condiciones para el diálogo y los grandes acuerdos nacionales. Así podrá progresar de verdad.