La intensificación de la situación mapuche es un tema que debe ser abordarlo desde un punto de vista político, en concordancia con lo señalado por el PNUD en su informe “Más y mejor democracia para un Chile inclusivo”.
Si las decisiones que afectan el destino de las personas las toma un pequeño pero poderoso grupo de políticos desde una lógica elitista de la democracia, es natural que aquellos que no están representados en esas instancias no puedan decidir su propio futuro y se encuentren postergados no sólo económica y socialmente sino, más aún, políticamente.
Dentro de los postergados están ciertamente los pueblos originarios, los discapacitados, los pobres, pescadores, campesinos y minorías sexuales.
Por lo mismo, resulta evidente que la crisis política es sólo el síntoma y que la enfermedad está en la crisis profunda de una democracia imperfecta que excluye sistemáticamente a importantes sectores de la población que no se sienten representados en las instancias de poder.
Lo anterior se agrava cuando hay evidencia de que algunos parlamentarios dependen económicamente de los grandes grupos financieros que aportan significativamente para sus campañas de elección o reelección, cooptando las decisiones, pues surge la duda si al final votan de acuerdo a los intereses de sus financistas y o de sus electores.
Así ha quedado claro en los casos Penta y SQM, sin dejar de mencionar la Ley de Pesca y el DL N°701 que benefician a una decena de familias, entre ellas a los Angelini y Matte.
Este es el epicentro del problema que ha puesto en crisis al sistema político en general, desde la izquierda hasta la derecha.
En efecto, el problema aquí no es coyuntural, como algunos aseguran. El problema es de fondo. Por ello, el ciudadano normal no cree en la justicia, no cree en la política, no cree en las instituciones, no cree en la religión y menos en los partidos políticos, porque ve que la infraestructura política del Estado, permite que la mano de la justicia sea más dura contra un mapuche o un pobre que contra empresarios o políticos que cometieron delitos tributarios o fraude al fisco.
Prueba de eso, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejó sin efecto ocho condenas por terrorismo desde el 2003, siete mapuches y una activista, determinando que el Estado de Chile debe indemnizar a cada uno de los injustamente condenados.
Pero, aún así, con toda esta evidencia, se sigue presumiendo culpable al mapuche antes de un juicio justo. Por ejemplo, la utilización de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que hace que las comunidades pierdan su última esperanza en la justicia y en el Gobierno.
Es tan simple como ver que si se detiene a un mapuche o un activista no mapuche portando un arma, algunos políticos y los medios de comunicación dicen que se presume que cometería abigeato o terrorismo; pero cuando unos latifundistas portan armas, se dice que son deportistas que practican pesca y caza. El trato es injusto a todo nivel.
El problema político va más allá de la simple creación de un ministerio y un consejo de pueblos que no tiene relevancia en la toma de decisiones legislativas, ejecutivas ni judiciales.
Tal vez algún experto en materia indígena tenga su propia teoría, gracias a los conocimientos adquiridos en una institución superior nacional o extranjera, pero cualquier persona inteligente sabe que el problema no es académico. Es político.
Para recuperar la confianza de los ciudadanos se debe perfeccionar la democracia a objeto de minimizar con las desigualdades sociales, económicas y étnicas que son consecuencia de las desigualdades políticas.
Lo anterior, sin considerar que cuando vota sólo el 40% de los ciudadanos habilitados para sufragar habría una contradicción vital a lo menos con la etimología de la palabra democracia, que significa el poder del pueblo. En este caso el 60% que no vota -que es la mayoría- no tiene el poder mientras que una minoría, una oligarquía, tiene casi el poder político y económico completo.
El mejor camino sería una reforma del sistema electoral que permitiese la creación de escaños reservados para representantes indígenas de acuerdo al porcentaje de población indígena de cada territorio. De esta manera, el 10% del país -que corresponde a la población indígena- tendría representación política real.
Para comenzar a resolver esta crisis política actual es necesario profundizar la democracia. Es decir, que los excluidos accedan al poder político.