“Chile, el único país en el mundo donde el confort, en vez de limpiarte, te caga”, decía uno de los tantos memes que circularon luego de revelarse el nuevo notición de la cada vez más nutrida sección dedicada a los delitos de cuello y corbata.
La indignación rápidamente copó las redes sociales y también caló en la agenda mediática del duopolio hegemónico. Se han expresado miles y miles de kilométricos rollos de indignación.
La ácida creatividad, incluso, convirtió al papel higiénico en soporte para descargar ingeniosas consignas y enarbolar demandas emblemáticas, como la de la Nueva Constitución.
De toda nuestra historia criminal de conocidas colusiones, como los casos “Pollos” y “Farmacias”, la del #CarteDelConfort sintetiza lo irónicamente brutal y despiadada que es la súper-ambición de los peces gordos del neoliberalismo. Refleja la gula extrema del súper-rico: la búsqueda, a todo precio, de la tasa máxima de ganancia, especialmente con un artículo transversalmente de primera necesidad.
Y la historia, esa gran infame, es más brutal aún porque pone como protagonista en el ojo del huracán a los Matte, la familia que amasó fortuna gracias a las privatizaciones de Pinochet y que engordó la billetera en medio del terrorismo de Estado. El tema también ha salpicado al ex dueño de las empresas SCA (Ex Pisa) y ex ministro de Sebastián Piñera, Gabriel Ruiz-Tagle.
“Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo; lo demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa ni como opinión ni como prestigio”, decía hace más de un siglo Eduardo Matte Pérez, bisabuelo de Eliodoro Matte Larraín, hoy dueño de la coludida CMPC o “Papelera” y quien figura 363 en Forbes.
Otro gallo cantaría para ellos si el proyecto de ley que sanciona con cárcel la colusión y aumenta las multas estuviera completamente despachado. Se valora la urgencia legislativa que dispuso el gobierno para dotar rápidamente al Estado con dientes que muerdan y persigan este tipo de delitos cometidos por la elite económica.
Los Matte, desde la dictadura, específicamente desde 1974, se favorecen con el llamado subsidio de reforestación o Decreto Ley 701. El encargado de ponerlo en marcha fue el entonces director de Conaf y ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou.
Con la revelación del #CartelDelConfort, no es política ni éticamente aceptable que el Estado entregue este tipo de beneficios a un grupo económico que, por 10 años, lideró una gigantesca operación de defraudación en perjuicio de todos los chilenos. Eso lo convierte en un socio despreciable. Bregaremos para que las empresas coludidas compensen a los clientes y también al Estado.
El proyecto de Presupuesto 2016 asigna la entrega de $326.979.000 millones de pesos para saldar la deuda de bonificaciones entregadas años atrás vía subsidio DL 701. Ingresaremos una indicación para entregar de manera preferente el pago del beneficio a pequeños y micro empresarios junto a comunidades de pueblos originarios. Calificarán aquellas empresas que tienen una venta máxima anual de 15 mil UF.
Desde que se dictó el Decreto Ley 701, el Estado ha transferido cerca de 870 millones de dólares, beneficiando con un 70% de ese monto a grandes grupos económicos.
Otra iniciativa que impulsaremos con mucha fuerza será la recientemente aprobada Comisión Investigadora del Caso Cartel del Confort. Es una poderosa señal que da el Congreso para luchar contra la colusión y los delitos de cuello y corbata.
Esperamos que se constituya la próxima semana para obtener rápidamente nuevos antecedentes y proponer en las conclusiones una agenda que perfeccione nuestra legislación, que detenga los abusos empresariales.