Las últimas encuestas de opinión pública, sin considerar la también fuerte presencia de Marco Enriquez-Ominami, plantean un escenario probable para las elecciones presidenciales 2017 entre los ex presidentes Ricardo Lagos y Sebastián Piñera. Aunque ambos han dicho públicamente que no son candidatos presidenciales, lo cierto es que la puesta en escena mediática de ambos, con el respaldo de los medios de comunicación dominantes y de los sectores empresariales, confirma que dicho escenario es probable.
Ello nos plantea un conjunto de reflexiones que quiero compartir.
Durante los 20 años que gobernó la Concertación básicamente se administró el modelo económico dejado por el dictador Pinochet. Fueron dos décadas de “neoliberalismo con rostro humano”, como diría el profesor Fernando Atria. Hoy día es muy difícil encontrar a un intelectual serio que pueda discrepar de esta afirmación.
Durante los 20 años de gobiernos de Concertación, en verdad, no hubo ni siquiera un intento sistemático de transformar y mucho menos eliminar los pilares estructurales del modelo económico que Chile heredó de la dictadura.
Así, hoy siguen plenamente vigentes las AFP, administradoras privadas con fines de lucro, que obtienen sus suculentas utilidades de las platas que destinan los trabajadores chilenos para sus pensiones; siguen plenamente vigente las Isapres, con sus planes discriminadores de las mujeres jóvenes, de los adultos mayores y de quienes tienen enfermedades preexistentes; hoy está plenamente vigente el llamado Plan Laboral de la dictadura que impidió la negociación colectiva al punto que hoy en día negocia apenas un 8% de los trabajadores del país.
Más aún, durante estos 20 años, se fue privatizando adicionalmente lo que quedaba en materia de educación. Por ejemplo, si durante los últimos años de la dictadura se había privatizado la educación al punto que apenas un 60% de los niños chilenos estaba en la educación pública, cuando 20 años después la Concertación le entregó el gobierno al presidente de derecha Sebastián Piñera, los alumnos matriculados en la educación pública no eran más que el 38%.
Otro ejemplo dramático de mencionar es que entre 1987, 1988 y 1989, los últimos 3 años de la dictadura militar, había un 15% de trabajadores sindicalizados y un 10% de trabajadores cubiertos por negociación colectiva. Cuando se entregó el gobierno 20 años después a Piñera, los trabajadores sindicalizados se habían reducido al 12% y los que tenían cobertura en negociación colectiva alcanzaban apenas a un 6%.
En estos mismos 20 años, se privatizaron todos los puertos del país, y todas las empresas sanitarias que brindan servicios esenciales a la población como es el suministro de agua potable. En estos 20 años se privatizó también la empresa Colbún-Machicura, una de las generadoras eléctricas más importantes del país.
Es decir, que durante los 20 años de la Concertación, aunque se hizo un esfuerzo por administrar con sentido humano e impronta social el modelo heredado por la dictadura militar, no hicimos otra cosa que mantenerlo y en algunas áreas profundizarlo.
Esto es lo que algunos llamamos en su momento el dilema de los chilenos: tener que optar entre dos derechas, una democrática y otra autoritaria.
Porque estos mismos chilenos, o se inclinaban porque siguiera gobernando la Concertación, con un esquema básicamente neoliberal de administración del sistema heredado de Pinochet u optaban por un gobierno de derecha como el que encabezó finalmente el presidente Piñera, que en lo fundamental iba a hacer lo mismo.
La derrota electoral del 2010 y las fundadas autocríticas de muchos(as) de quienes fuimos parte de la Concertación, reafirmadas y profundizadas por los significativos movimientos sociales y las masivas luchas por una educación pública gratuita y de calidad que vivimos en los últimos años en nuestro país, posibilitan y explican en gran parte el triunfo de la Nueva Mayoría y la elección de la Presidenta Bachelet.
Es por ello que el gobierno de la Presidenta Bachelet, como dijimos en una columna anterior, ha sido un gobierno que ha impulsado cambios muy profundos y estructurales en la sociedad chilena, ciertamente alejados de los paradigmas neoliberales y desde luego concibiendo al Estado chileno, ya no como estado subsidiario, sino como un Estado que garantiza derechos esenciales y genera una red de protección social que le permitirá a los ciudadanos de nuestro país, despejar sus temores más profundos frente a una eventual enfermedad, frente a la vejez, frente a cómo asumir la educación de sus hijos, entre otros.
Y así, entonces, la Presidenta Bachelet ha realizado una Reforma Tributaria muy profunda que en régimen va a recaudar $8.300 millones dólares al año para financiar otras transformaciones estructurales que van a requerir recursos fiscales nuevos y frescos.
Un informe reciente del Banco Mundial ha señalado que tres cuartas partes de esos $8.300 millones de dólares que se recaudarán adicionalmente al año, provendrían del 1% más rico de la población. Lo que muestra que esta reforma no solo ha tenido un gran efecto recaudatorio al aportar recursos nuevos a las finanzas públicas, sino además un gran efecto redistributivo, porque ha exigido a los más ricos entre los ricos, aportar para que esos recursos vayan destinados a los sectores populares y de menos ingresos de la población.
Simultáneamente, la Presidenta ha propuesto una tremenda reforma educacional que implica un fortalecimiento de la educación pública; gratuidad en la educación superior; fortalecimiento de la carrera docente de los profesores y sobre todo garantizar el derecho a una educación de calidad y gratuita para la inmensa mayoría de las hijas e hijos de esta patria.
Del mismo modo, se ha propuesto al Parlamento una muy importante Reforma Laboral que restituye la titularidad sindical y que permitirá una cobertura muy superior a la actual de contratos colectivos que protejan los derechos de los trabajadores.
Adicionalmente, la Presidenta ha propuesto generar las condiciones culturales, políticas e institucionales, para que mediante la participación activa de las chilenas y chilenos se pueda tener una Nueva Constitución, esta vez generada genuinamente en democracia.
También, constituirán un gran aporte al mejoramiento significativo de nuestras instituciones y de la actividad política, las leyes que la Presidenta se encuentra promoviendo en favor de la Probidad y Transparencia, luego de los graves acontecimientos que sacudieron al país en materia de corrupción, tanto en el ámbito privado como público.
Hay otras transformaciones que ha generado la Presidenta Bachelet que también van a tener un carácter histórico como el Acuerdo de Unión Civil; el proyecto de Ley para que los pensionados que actualmente pagan el 5% en su cotización de salud, queden eximidos de este cobro; la puesta en marcha de la Ley Ricarte Soto que dará cobertura financiera a los diagnósticos y terapias asociadas a enfermedades de alto costo ( cubrirá en un principio 11 patologías); el fin del Sistema Electoral Binominal; el voto de los chilenos en el exterior; la creación de los ministerios de la Mujer y de Cultura; la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos; la ley que mejora las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de casa particular, etc.
Sin embargo, pese a todos los avances impulsados por el actual gobierno, era inevitable y estábamos preparados para que estas transformaciones estructurales fueran resistidas por los sectores cuyos intereses se verían afectados.
Qué duda cabe que una reforma tributaria iba a afectar a las empresas de más altos ingresos o de mayor tamaño, o que la Reforma Laboral iba a generar igual resistencia en el mismo sector; qué duda cabe que terminar con la educación particular subvencionada con fines de lucro iba a generar una reacción de los principales sostenedores de ese tipo de negocios; qué duda cabe que un proceso constitucional para generar una Nueva Constitución iba a provocar una reacción dura de los sectores más conservadores de la derecha tradicional como del gran empresariado.
Con todo, no imaginamos en su momento que los elementos más pro neoliberales de la vieja Concertación, iban a tener una reacción tan drástica, tan alineada con los sectores de la derecha y tan ciega a las necesidades más profundas de este país, en el sentido de hacerlo más equitativo, más igualitario, más justo, más democrático y participativo.
Resulta muy impresionante constatar cómo ex ministros, ex voceros de los partidos de la vieja Concertación han formado coro con los principales voceros de la derecha y con el gran empresariado para rechazar, algunas veces con violencia y fuertes críticas, las transformaciones igualitarias que se ha propuesto este gobierno.
Y seamos francos en esta reflexión, personas como Edmundo Pérez-Yoma, José Joaquín Brunner, Mariana Aylwin, Gutenberg Martínez, Enrique Correa, Oscar Guillermo Garretón, René Cortázar, Eugenio Tironi, por mencionar algunos, han constituido voces duras, incluso irónicas, respecto del rol que ha jugado con dignidad la Presidenta de la República, encabezando con coraje estas grandes transformaciones.
En el futuro que se nos viene, es indispensable complementar estos cambios, con otros igualmente profundos y demandados por la mayoría de los ciudadanos. Reformar el sistema de Salud fortaleciendo la red pública; cambiar el actual sistema de pensiones terminando con las escandalosas ganancias de las AFP obtenidas de las cotizaciones de los trabajadores; incorporar a los pueblos originarios al desarrollo de Chile, otorgándoles plena participación política en las instancias que correspondan.
Sin embargo, han surgido candidaturas en el último tiempo que han reavivado la posibilidad que esta vieja Concertación -que no entendió la necesidad de un Chile más equitativo, que no entendió el reclamo de los miles de chilenos que salimos a las calles durante el 2011 y 2012 y que fue el germen de los cambios propuestos por la presidenta Bachelet, vuelva a tener un rol en la política nacional.
No imaginábamos que estos sectores iban a retomar con fuerza la posibilidad que desde la propia “centro izquierda” se levantara una alternativa, no para profundizar las reformas de la presidenta Bachelet, sino para retrotraer el camino por los menos en 10 años y seguir con una vieja concertación marcando el paso y administrando un modelo neoliberal que en Chile solo una minoría quiere y que la inmensa mayoría repudia.
Como se ve, el probable escenario de una campaña electoral presidencial entre dos candidatos que han sido recibidos con entusiasmo por el empresariado y por El Mercurio: Sebastián Piñera y Ricardo Lagos, nos hacen preguntarnos con honestidad ¿Chile entre dos derechas…nuevamente?
Ciertamente, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera no representan lo mismo. Mientras el primero se la jugó por recuperar la Democracia y jamás ha sido puesta en duda su conducta proba y transparente, el segundo apoyó la dictadura, y su conducta empresarial ha sido investigada más de una vez por los tribunales.
Sin embargo, respecto al modelo económico que postulan hacia adelante, mucha gente no alcanza a descubrir diferencias sustantivas que los distinga.
Por eso mismo,tenemos un gran desafío quienes nos identificamos con una izquierda moderna, del siglo XXI,que cree en los ciudadanos y en sus derechos; que nos identificamos con un proyecto que entiende y valora el rol de la empresa privada y del mercado, pero al mismo tiempo entiende y valora el rol del Estado y su papel en la redistribución del ingreso y en impulso al desarrollo del país.
El verdadero desafío de esta izquierda es encontrar una plataforma y un liderazgo que efectivamente apunte a que las reformas que empezó con tanto coraje e inteligencia la Presidenta Bachelet, no se queden sólo en un período de 4 años, sino que puedan en el futuro ser continuadas para que Chile en un plazo razonable, pueda llegar a ser, no solo un país con un nivel de crecimiento significativo, sino además un país en donde todas sus hijas e hijos se sientan parte de una misma nación que los integró, que los incluyó y que los acogió con justicia y humanidad.