Más allá de las diversas circunstancias que puedan llevar a pensar en la necesidad de un país con una nueva Constitución política, no cabe duda de que es un proceso extenso en el tiempo, complejo y que difícilmente puede dejar satisfechas las expectativas de todas las personas, grupos e intereses dentro de una sociedad.
Sin embargo, ello no hace que deje de ser válido, y en ciertos casos imprescindible, que una sociedad se proponga el desafío de darse una nueva Constitución. Un proceso como este adquiere mayor sentido si en realidad es el resultado (y no el origen) de un cuestionamiento más profundo y que dice relación con el tipo de país y de sociedad que queremos construir.
¿Hace cuántas décadas que las chilenas y los chilenos, como sociedad civil, no reflexionamos sobre el tipo de país que somos y el que queremos ser en el futuro?
¿Cuáles son los consensos o acuerdos amplios que tenemos sobre los derechos que queremos garantizarles a todos los habitantes?
¿Educación completa, atención de salud, seguridad pública, justicia, medioambiente sin contaminación, participación en la construcción de la sociedad, autoridades públicas probas, etc.?, ¿y cuáles son los deberes que debemos tener como habitantes y como ciudadanos?
¿Cuáles son los indicadores de desarrollo y bienestar que vamos a considerar para medir nuestros progresos como país?, ¿seguiremos asumiendo los impuestos por los organismos internacionales a los que pertenecemos, a los que aspiramos pertenecer o nos daremos nuestros propios métodos e indicadores? ¿Cuáles son los objetivos que como país queremos lograr en 20, 30 o 40 años más y en qué ámbitos?
Asimismo, cabe preguntarse ¿qué derechos le garantizaremos a nuestros adultos mayores?, ¿qué le otorgaremos y exigiremos a los inmigrantes y refugiados que deseen asentarse en nuestro país?, ¿cuánto queremos invertir en defensa nacional?, ¿qué tipo de relación queremos tener con los países de la región y el resto del mundo?
¿Qué recursos naturales queremos que sean de propiedad de todas las chilenas y chilenos?, ¿qué estamos dispuestos a garantizarles a las familias que se dedican a la agricultura, a la pesca, a la minería, a la artesanía, al cultivo de las tradiciones y el folclore, a las que viven o desean vivir en zonas aisladas y extremas del país?, ¿qué tipo de regionalización y de descentralización queremos?
Como parece evidente, diversos de estos aspectos y muchos otros, difícilmente tienen cabida en una Constitución política. Sin embargo, tampoco debieran quedar sólo para contenidos programáticos de campañas electorales de toda índole y de los vaivenes de los resultados circunstanciales de los procesos electorales, que siendo legítimos, algunas veces parecieran ser interpretados por las personas electas como mandatos sin obligación de rendir cuenta o de considerar la opinión de las personas en las posiciones que adoptan como autoridades elegidas democráticamente.
En este sentido, muchos temas son esenciales en la construcción de un cierto tipo de sociedad y afectan la convivencia cotidiana de las personas y grupos al interior de esta, inciden en la equidad social, en las oportunidades y progreso de las personas.
Por ello, Chile debe primero reflexionar y concordar un proyecto de país o proyecto nacional con la participación y acuerdos más amplios posibles. Luego, esto debe dar paso a una nueva Constitución política. ¡Este es el verdadero desafío!