Uno de los problemas mayores de los sistemas políticos latinoamericanos ha sido la precarización de los partidos como vehículos para el acceso al poder. Dada la debilidad del vínculo entre estas fuerzas políticas y los movimientos sociales, la ciudadanía y los electores lo anterior no es sorprendente.
En muchos de dichos sistemas políticos, los partidos han sido por décadas, meras etiquetas, rótulos formales, vacíos de legitimidad y apoyo.
Afortunadamente, Chile ha sido desde el siglo XIX, una de las tres o cuatro excepciones a esta situación que inviabiliza la democracia política, la hace débil e inestable o sólo la posibilita bajo movimientos populistas o neopopulistas, donde la identificación del votantes es con una persona -con un caudillo- y no con ideas y programas, expresados en estructuras estables que compitan por el sufragio de manera mínimamente previsible. El grado de fortaleza del vínculo entre actores, reglas y votantes se conoce como la Institucionalización del sistema de partidos.
Las causas que han llevado a institucionalizaciones débiles –o a desinstitucionalizaciones en países que otrora contaron con partidos sólidos son históricamente complejas. Pero en las últimas tres décadas destacan cuatro: profundas crisis económicas; cambios en los planteamientos programáticos que dejan sin representación política a las bases tradicionales de los partidos, generando un problema de agenda; diseños institucionales inadecuados y la corrupción sistémica de actores e instituciones.
Esto último ha sido devastador para la legitimidad, confianza y apoyo de los partidos en muchas democracias, y no sólo en América Latina.
Por ello es tan preocupante lo ocurrido durante los últimos años en nuestro país: un sistema aún institucionalizado está crecientemente deslegitimado y la indignación y el repudio ciudadano hacia éste aumenta.
Sin perjuicio de la necesidad de cambios institucionales que también han incidido en dicha pérdida de apoyo y valoración, caben pocas dudas que la radicalización del rechazo se vincula directamente a la sospecha creciente de que actores e instituciones políticas carecen de autonomía frente a los grandes poderes económicos que controlan, además, parte importante de los recursos de poder social y mediático de nuestra sociedad.
De esta forma, muchos políticos y grandes empresarios son vistos como coautores reiterados de abusos y perpetuación de privilegios, obviamente inaceptables para las mayorías populares cuya existencia cotidiana es insegura, precaria y exigente. Los casos que investiga el Ministerio Público son de sobra conocidos y sus efectos políticos, previsibles, fáciles de anticipar, si es que no hay transparencia y justicia.
Por todo lo anterior, lo mínimo que se le puede exigir a políticos conscientes es que colaboren con el Ejecutivo en la búsqueda de soluciones que permitan al país seguir contando con una representación política que se realice vía partidos y no vía caudillos o grupos corporativos que sólo expresan el poder de lo fáctico. Alternativas que pueden facilitar una salida existen e iniciativas potentes en esa línea también. Aquí sólo mencionaremos cuatro.
1.- El programa de gobierno de la Presidenta Bachelet contempló importantes compromisos en materia de cambio institucional. Por ejemplo, fin al binominal, nueva ley de partidos y cambio constitucional. Concretar el conjunto de estos compromisos parece hoy, incluso, más urgente que ayer.
2.- El Consejo asesor presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción. Mandatado por la Presidenta Bachelet, este consejo trabajó durante 45 días para finalmente cumplir con el plazo solicitado por el Ejecutivo debido a la gravedad de los hechos, su impacto en la ciudadanía y la urgencia de presentar propuestas que se concretaran en proyectos de ley que lleven al “fortalecimiento de nuestra democracia sobre la base de partidos políticos sólidos, de una nueva regulación del financiamiento de la política y de un fortalecimiento de la transparencia de la función pública y de los mecanismos de control ciudadana, así como de la eficacia de la regulación y fiscalización del sector privado”.
Entre dichas propuestas, destaca la reinscripción de todos los militantes de los partidos políticos, condición fundamental para contar con financiamiento público; creación de un fondo público de financiamiento de los partidos; fijar tope a los aportes de personas naturales, junto con la prohibición de los aportes de personas jurídicas a los partidos; reducir el gasto electoral; persecución y sanción penal a la corrupción; nuevas reglas para la participación de familiares directos -de quienes están ejerciendo cargos de elección popular- en elecciones o cargos públicos; reformas al Servel y al Sistema de Alta Dirección Pública y el establecimiento de restricciones para quienes dejan cargos públicos antes de mantener relaciones comerciales con empresas del sector privado con las que se relacionaban en dicho cargo, entre otras.
3.- El debate sobre el cambio constitucional, vinculado además a procesos electorales, si se lleva adecuadamente puede ser decisivo para una revalorización de la política y los debates cívicos por la ciudadanía.
Existen pocas cosas peores para la dignificación de la política que elecciones donde no existen temas relevantes para la vida social, y donde la agenda la copa la farándula y la banalización. Es en las elecciones presidenciales y parlamentarias, donde las democracias discuten su carga tributaria, su régimen laboral, la calidad de su educación y de su asistencia sanitaria y, obviamente, las reformas a las reglas fundamentales que se expresan en la Constitución. El color del que se pinten los palacios de gobierno no convoca mayorías ciudadanas a las urnas, menos cuando –torpemente- se ha optado por el voto voluntario.
4.- La iniciativa generada al alero de la Fundación Alberto Hurtado, que –aunando el trabajo y propuestas de parlamentarios y ex dirigentes- plantea la necesidad de realizar autocríticas sinceras que se expresen en cambios de conductas, haciendo efectiva la responsabilidad política más allá de lo penal.
Según información de prensa, básicamente el documento surgido de este trabajo se refiere a la suscripción voluntaria por parte de los partidos políticos de un acuerdo en el que se comprometen a “no postular ni repostular a cargos de elección popular a nadie que haya utilizado un mecanismo irregular o indebido para el financiamiento de sus campañas y/o trabajo político”. Se ha publicado además que incluso, el Gabinete presidencial de Michelle Bachelet “enviaba señales positivas del interés de la Mandataria… por sumarse a la actividad”.
Pese a ello, lamentablemente, lo que en un principio parecía contar con la adhesión de los partidos políticos dispuestos a dar una “señal de nueva ética política”, paulatinamente comenzó a llenarse de cuestionamientos que, al parecer, acabaron por frustar esta iniciativa. Ella habría sido una señal muy necesaria y potente en el sentido de la renovación de la política y de su vínculo y respeto hacia la ciudadanía.
Terminamos expresando nuestra esperanza en que el grueso de estas propuestas y medidas para salir de la crisis llegue a buen puerto. No hay nada peor cuando se enfrenta una patología severa que parte de quienes la sufren no se dejen auxiliar.