Hoy en día la ciudadanía exige mayores estándares de transparencia y probidad, en esa línea los proyectos de ley ingresados por el Ejecutivo en el marco de la Agenda para la Transparencia y la Probidad en los Negocios y la Política (2015) contemplan un conjunto de medidas normativas que tienen como objeto promover la transparencia y el fortalecimiento de la democracia interna de los partidos.
En un principio la reacción desde las bancadas de partidos tuvo una rápida acogida pero con el pasar de los meses se ha debilitado generando cierto tipo de resistencias, las que han quedado en evidencia en la discusión y tramitación de los distintos proyectos en la Cámara de Diputados y Senado.
Por lo anterior, algunas indicaciones propuestas por la Comisión Engel no han contado con el respaldo del Ejecutivo ni de una parte de los parlamentarios en ejercicio. La preocupación viene dada sobre qué contenidos y en qué medida se considerarán los planteamientos propuestos por la Comisión en lo relativo a los proyectos de ley sobre el fortalecimiento y transparencia de los partidos y su financiamiento, los que fueron ingresados de forma separada generando así dificultades de seguimiento, coordinación y coherencia en la gestión por parte del Ejecutivo.
De esta manera, determinadas propuestas de la Comisión Engel se han visto cuestionadas en la discusión y tramitación de proyectos a raíz de que entre los partidos no existe total unanimidad respecto al ‘qué’ y ‘cuánto’ regular.
Lo anterior se ejemplifica en los cambios en las tramitaciones de los proyectos del financiamiento público a los partidos e incluso en la nula acogida y disposición a legislar en lo relativo a la reinscripción de todos los militantes de los partidos, medida que pretende generar padrones confiables para un adecuado acceso al financiamiento público.
En este estado, la tramitación y discusión en el Congreso de leyes consideradas claves para el mejoramiento y transparencia democrática han sido matizadas a través de indicaciones que parcialmente responden a las propuestas del informe de la Comisión. Así es como, con sorpresa, la ciudadanía se entera que no es que los parlamentarios no quieran legislar sobre la reinscripción de sus militantes en los partidos sino que solo quieren que se realice parcialmente, considerando solo el 0.25% de sus padrones para tal efecto.
Este tipo de modificaciones a las propuestas nos permite sostener que las medidas de regulación se encuentran hechas a la medida de los partidos, de modo de no perder ni cuotas de poder ni influencia dentro del espectro político. Es legítimo preguntarse entonces, ¿por qué los partidos buscarían rebajar los estándares de transparencia y rendición de cuentas que contienen los proyectos de ley cuando es por la opacidad en este campo donde podrían encontrarse las explicaciones del deterioro de su imagen ante la opinión pública?
Todo indica que la respuesta dice relación con que por décadas han permanecido absolutamente refractarios en lo que respecta a la modernización y fortalecimiento de la democracia interna. Los partidos poseen serios obstáculos y deficiencias que se encuentran arraigadas en su composición, prácticas, normas y actitudes. Es decir, en la cultura política de los partidos han predominado lógicas de funcionamiento que no se condicen con los valores democráticos que hoy la ciudadanía exige.
La complejidad de los problemas políticos que ha generado la crisis actual amerita que los partidos tomen decisiones públicas a partir de los desafíos que guardan relación con la representación política y la gobernabilidad del país.
De lo contrario, si la tramitación de las leyes sobre transparencia y funcionamiento interno de la democracia se rigen sobre la base de cálculos políticos a partir de incentivos electorales y/o de cuotas de poder, nuevamente tendremos avances parciales respecto a las propuestas del informe de la Comisión Engel, lo cual sin duda traerá consigo críticas generalizadas al rol de los partidos.
Indudablemente, los proyectos de ley basados en las propuestas de la Comisión son importantes de aprobar pero logran poco por sí mismos. El marco jurídico es el primer paso para reformular conductas, actitudes y valores presentes en la cultura política de nuestros partidos. Los parlamentarios, tanto de gobierno como de oposición, deben mostrar un compromiso serio en la tramitación y discusión de los proyectos de ley sobre transparencia, democracia interna y financiamiento.
De lo contrario, los problemas de descoordinación y modificaciones a los proyectos de ley ingresados en materias claves, solo causaran malestar y desconfianza respecto a los resultados esperados.
Por tanto, las propuestas de la Comisión Engel así como las medidas administrativas y legislativas de la Agenda para la Probidad son una gran oportunidad, tanto para los parlamentarios como para los partidos, de fortalecer la democracia interna y de paso, dar una señal a la ciudadanía de que las medidas auto impuestas deben hacerse con sacrificio para recomponer confianzas tras la aguda crisis de la política.
De lo contrario, continuaremos realizando lecturas y diagnósticos desde la ‘retórica de la reacción’ (Hirschman, 1991) es decir, desde el inmovilismo, la auto justificación y la nula capacidad de autocrítica respecto a los acontecimientos anteriormente descritos, lo cual no contribuye a la calidad de nuestra democracia.
Dado el diagnóstico realizado, los partidos necesitan con urgencia atender a sus debilidades y deficiencias democráticas si lo que se proponen es fortalecer la calidad de la democracia y, junto con ello, restablecer las confianzas con la ciudadanía. Bajo dichos objetivos a lograr, en particular los parlamentarios, quienes votarán los proyectos de Ley, tienen una gran oportunidad de elevar los estándares democráticos de sus partidos. De lo contrario, el resultado de la discusión y tramitación de las reformas puede generar resultados no esperados dadas las características de nuestro sistema de partidos y el timing social.
Avanzar en las propuestas del Informe Engel y llevar adelante la agenda legislativa sobre probidad, debe ser su primera prioridad si el objetivo es recomponer confianzas y fortalecer el vínculo con los ciudadanos.
De este modo se contribuirá a promover la gobernabilidad, profundizar la institucionalización de los partidos políticos, recomponer confianzas y el encanto con la ciudadanía, elementos que definitivamente contribuyen a mejorar las bases éticas de la democracia y la calidad de ella.