Ha pasado a ser una costumbre que, ante cada reforma, surjan anuncios catastrofistas. Así sucedió con las reformas tributaria y educacional. Sin embargo, los señalados efectos trágicos no se han producido.
Ahora es el turno de las modificaciones al sistema de las relaciones laborales. Se acusa que no están dirigidas a incorporar más jóvenes y mujeres al mundo del trabajo y que no se potencia la capacitación. Sin embargo, esos objetivos -que todos compartimos- no son propios del derecho colectivo del trabajo, y requieren, por tanto, de otro tipo de medidas y cambios que debemos hacer como país para dar un nuevo impulso a la productividad y competitividad.
Como si se tratase del peor de los males se argumenta que, más que laboral, la reforma es sindical, aunque ello en si nada tiene de malo. Por cierto, es mucho más que una reforma sindical. Constituirá un avance para los trabajadores sindicalizados, que contarán con reglas más justas para negociar colectivamente con sus empleadores. Y, a través de la extensión de los beneficios obtenidos con sus negociaciones, también podrán favorecer a los trabajadores sin afiliación sindical.
Lamentablemente, hay un sector de la sociedad chilena que siempre ve amenazas en el horizonte. Hoy es el turno de los sindicatos, aunque en el fondo, el temor es al diálogo y a enfrentar nuestras diferencias. Dicho de otra forma, es el miedo a la democracia.
Se pretende, entonces, generar una distancia entre trabajadores y sindicatos, apelando al clima de desconfianza que prima en el país, instalando la idea de que los sindicatos adquirirían un poder ilimitado, lo que se transformaría en fuente de abusos contra las empresas e, incluso, contra sus propios afiliados o los trabajadores no sindicalizados.
Un país que desconfía no avanza, mucho menos si la desconfianza recae sobre los millones de chilenos que constituyen la masa laboral.
Una sociedad moderna espera que el Estado cumpla un rol regulador y fiscalizador, y que trabajadores y empleadores tengan espacio y garantías para acordar una serie de materias por sí mismos, de manera proactiva y en igualdad de condiciones, no sólo en cuanto a salarios y beneficios sino también aquellas destinadas a conciliar el trabajo con la vida familiar, la elaboración de planes de igualdad de oportunidades y de equidad de género, la capacitación, la reconversión productiva y el desarrollo de mecanismos para solucionar controversias.
El eje central del Gobierno de la Presidenta Bachelet es la equidad. La reforma laboral apunta a generar equidad en la negociación entre empleadores y trabajadores.