El ministro Secretario General de la Presidencia ha hecho un aporte a la remecida política chilena de estos días. Ha agregado algunos términos en francés a los variados giros idiomáticos yanquis que salpican la consabida entrevista que ha concedido a El Mercurio, como corresponde a cualquier autoridad que se precie al asumir un cargo de importancia.
No hay novedades en el resto de sus bulladas declaraciones en que se pone a tono con la moda de frenar las reformas. De seguro no será el último viraje de este personaje, que luego de reconocerse como el más “liberal” de los Ministros de Hacienda de la Concertación, el único que redujo el presupuesto de educación, los salarios reales y la participación de los trabajadores en el PIB, durante la administración Lagos, había regresado ahora lleno de ínfulas y pachorra a encabezar la principal reforma del segundo mandato de la Presidenta Bachelet.
Hay que reconocer que le puso empeño y armó bastante alboroto, logró algunos avances concretos y más de alguno lo echa de menos. La prueba de fuego acerca de su gestión se verá en los próximos días cuando se inicie el trámite de la que puede llegar a ser la más importante de sus iniciativas educacionales: dar gratuidad inmediata a la mitad que más lo requiere de los estudiantes, sencillamente cambiando a aportes directos a las instituciones, las cuantiosas partidas presupuestarias de becas y créditos que hoy financian la mitad de los ingresos por aranceles de toda la educación superior.
Dichas partidas se elevaron sucesivamente, desde menos de un quinto del presupuesto de educación superior en 1990 a tres cuartos en la actualidad y han sido el principal mecanismo de privatización del sistema educacional, para gran contento de “sostenedores” privados que se apropian de la mayor parte de estos fondos públicos y los manejan a su amaño, sin control alguno.
Por este motivo han puesto el grito en el cielo ante el anuncio de la Presidenta, que en la ley de presupuesto de este año se van a entregar como financiamiento directo a las instituciones de alta calidad que voluntariamente dejen de cobrar aranceles a sus estudiantes, empezando por aquellos que provienen de la mitad de menores ingresos de las familias.
Tal medida favorecerá de inmediato a cientos de miles de estudiantes, quienes dejarán de contraer créditos y someterse al trato discriminatorio a los becarios, a quienes hoy se hacen exigencias académicas más estrictas que a los que pueden pagar. No perjudicará a aquellos que hoy reciben ayudas fiscales en instituciones que no cumplan con los indispensables requisitos que se exigen a las que puedan optar por la gratuidad, puesto que ellos seguirán igual que hasta ahora.
También favorecerá a las instituciones que opten por este sistema, puesto que recibirán financiamiento estable sin la obligación de firmar los avales ante los bancos que hoy tienen a muchas al borde de la insolvencia, por los créditos financiados con fondos públicos que aquellos otorgan a sus estudiantes.
Puesto que en eso consiste el tristemente famoso crédito con aval del Estado (CAE), inventado en su otra vida por el mismo personaje de marras y que hoy financia una cuarta parte de todos los ingresos por aranceles de las instituciones de educación superior y mucho más en el caso de algunas. Los académicos de las instituciones gratuitas también tendrán más posibilidades de terminar con su condición de “profesores taxis”, al contar aquellas con un financiamiento más estable.
Se beneficiará directamente a muchos sin perjudicar a nadie excepto a quienes desean continuar con el actual esquema, lo que tampoco es posible porque su crisis es más que evidente.
Esta medida muestra el camino para toda la reforma de educación: sin destruir nada sino transformando las instituciones educacionales actualmente existentes que lo ameriten, mediante el simple expediente de incorporarlas directamente al presupuesto, el que no requiere tampoco grandes recursos adicionales sino redestinar los ya existentes.
De ese modo será posible reconstruir en breve plazo, en todos sus niveles y en todo el territorio, en cada barrio en el caso de los colegios, el sistema de educación pública, gratuita y de calidad, que el país creó en el pasado y que fuera desmantelado irresponsablemente por experimentos que pretendieron transformar la educación en un negocio, creando artificialmente un “mercado” financiado con fondos públicos a través del así llamado “subsidio a la demanda” o “vouchers” inventado por el ideólogo del neoliberalismo.
El aprobar esta importante reforma en la ley de presupuesto 2016 será un paso adelante importante, restablecerá la confianza ciudadana en la Presidenta como hicieron las pensiones solidarias en su primer mandato.
Se lo merece, porque los opositores de todos los pelajes claramente se han pasado de la raya en su trato a la Mandataria, quien muestra una trayectoria personal y política bastante extraordinaria, la que sin duda se ha enaltecido en los avatares de la crisis política en curso, que son las circunstancias que prueban el temple de los líderes y su capacidad de mantener coherencia con lo que han sido sus convicciones y actitudes de siempre y la lealtad a su pueblo.