A quince años del acuerdo por impulsar los Objetivos de Desarrollo del Milenio se ha cumplido un ciclo, frente a lo cual las Naciones Unidas ha propuesto avanzar hacia una Agenda Pos 2015 impulsando una nueva generación de metas capaces de ayudar a mejorar la vida de los más pobres y vulnerables en el mundo actual: los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS).
A diferencia de las anteriores, estas nuevas metas son globales, pues postulan que los problemas de exclusión y vulnerabilidad que aquejan a una parte importante de la población mundial tienen su origen en la dinámica global de desarrollo del planeta, más que en las decisiones de política que adoptan los países donde viven la mayor parte de los pobres y vulnerables.
Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural ha formado parte de esta discusión a través de su participación en el IndependentResearchForum (IRF), un consorcio de organismos no gubernamentales de distintos continentes, que propone una visión de cómo abordar estos desafíos a nivel mundial.
Tras casi dos años de debate sobre los objetivos y metas, la Agenda Pos 2015 verá la luz en el pleno de Naciones Unidas en Nueva York en septiembre próximo. Hecho el compromiso, la pregunta central es ahora cómo vamos a implementar las políticas necesarias para responder a estos nuevos desafíos que se nos presentan.
Poco se ha conocido en Chile sobre esta agenda: se trata de 17 nuevas metas que articulan una visión global del desarrollo en torno a un conjunto de objetivos y prioridades comunes en temas tan diversos como la superación de la pobreza y la desigualdad, la seguridad alimentaria y la vida saludable; el manejo sustentable del agua, la energía y la industria; el cambio en los patrones de consumo, el cambio climático y las cada vez más evidentes crisis sociales.
Los ODS nos invitan a transformar el modo de aproximarnos al desarrollo. Estamos acostumbrados a abordar estos desafíos de manera compartimentalizada, como si la creciente escasez de agua o de disponibilidad de fuentes energéticas no tuviera que ver con la pobreza de vastos sectores de pequeños agricultores; como si las regulaciones comerciales no afectaran las posibilidades de acceso a alimentos saludables para la población vulnerable; como si la pobreza fuera sólo un problema de política social y no de productividad, fuentes de empleo o capital social.
La propuesta del IRF reconoce la mutua dependencia de estas dimensiones económica, social y ambiental de la sustentabilidad, lo que implica un gran desafío para la institucionalidad de las políticas públicas, pero sobre todo, requiere de un compromiso generalizado de todos los actores vinculados a los procesos de desarrollo local, nacional y global.