Como miembro de la Comisión de Régimen Interno y Administración, creada este año con la finalidad de regular el uso de los recursos puestos a disposición de la Cámara y de los parlamentarios, una de las materias que hemos estado analizando es qué pasa con aquellos diputados, que por razones legales son desaforados y cesan en el ejercicio del cargo.
La norma tenía un vacío, y es que mientras el parlamentario no fuera condenado podía seguir cobrando todas sus asignaciones y remuneraciones, lo que permitía que incluso el involucrado terminara su periodo y cobrara hasta el final, sin que los fallos de la justicia se hubiesen concretado. Si sumamos las asignaciones respectivas, una cifra superior a los cinco millones de pesos.
En un contexto en el que el buen uso de los recursos públicos y la transparencia adquieren cada vez mayor relevancia, y en buena hora, nuestra comisión ha respaldado la solicitud de la comisión de Ética de la Cámara, de suprimir los pagos a todos los diputados desaforados, sin esperar los fallos de la Justicia.
Es decir, ya no podrán hacer uso de los gastos de asesoría externa, traslados, viáticos, movilización, difusión, o sea, todos los recursos que son propios del ejercicio del cargo. Y si bien mientras no sean condenados, no se les puede eliminar su dieta parlamentaria ni los contratos suscritos por la Cámara de Diputados, especialmente con el personal de apoyo, las asignaciones, no más.
Queremos avanzar en transparencia, lo hacemos de propia iniciativa como Cámara de Diputados, nuestros acuerdos obviamente, sólo nos obligan a nosotros; pero, esperamos que el Senado haga lo mismo con el objetivo de continuar profundizando en este tema y, así, ambas corporaciones puedan comenzar a recuperar parte de la credibilidad perdida en la ciudadanía.