Chile no está condenado a deslizarse hacia el descalabro institucional. Pero ello depende de que el remezón provocado por las revelaciones sobre el financiamiento fraudulento de la política y sobre la zona gris en que se confunden los negocios privados y las funciones públicas, contribuya a mejorar las prácticas políticas y a transparentar las relaciones entre el Estado y el mundo de los negocios.
Si de todo esto surgen mejores formas de proteger el interés colectivo, controles más eficaces de la probidad e instituciones mejor equipadas para aplicar las leyes, habrá valido la pena el trago amargo. Pero para eso es indispensable que prevalezca el sentido nacional y no la mezquindad corporativa. Las propuestas de la comisión Engel pueden ser el punto de partida para sanear la política y levantar mejores defensas contra la corrupción.
Ha llegado el momento de dar una batalla frontal contra el tráfico de influencias, práctica de la cual el caso Caval parece ser paradigmático. Cada detalle que se va conociendo del negocio de las tierras en Machalí lleva a pensar que aquí actuaron varias personas “desinhibidas”. La nuera de la Presidenta, Natalia Compagnon, podría ser sometida a proceso, y no se puede descartar que Sebastián Dávalos también lo sea: lo concreto es que mucha gente se pregunta qué hizo y no hizo él durante el año que tuvo oficina en La Moneda.
Por si fuera poco, otro fiscal investiga ahora a Caval por su asesoría a una empresa que ganó licitaciones en los hospitales públicos. Todo esto lleva a pensar que Caval era una empresa que operaba con “ventajas comparativas”.
Tenemos que evitar que nuestra convivencia se degrade por la vía de difundir infundios o acusaciones gratuitas, entre otras cosas porque ello ayuda a escabullirse a los que sí han cometido delitos.
En este sentido, hay que aplaudir que, por fin, el Ministerio Público haya tomado la iniciativa para perseguir las responsabilidades comprometidas en el “negocio de la basura” en algunos municipios. Los allanamientos en Maipú y Cerro Navia indican que la investigación va en serio.Era vox populi este maloliente asunto, en el que podrían estar envueltos algunos parlamentarios, pero no se había hecho nada al respecto. La situación cambió con la nueva fiscal, y eso merece ser valorado.
Para enfrentar la crisis de confianza, haría falta un gobierno con mayor autoridad política, que no tuviera que estar dando explicaciones sobre los antecedentes de sus funcionarios. Por desgracia, no es así. Hay un gabinete muy desgastado, con algunos ministros preocupados sobre todo de mantenerse en el cargo. Finalmente, ella tendrá el equipo que quiera tener, y asumirá las consecuencias. Con su propio liderazgo debilitado, su espacio de maniobra es reducido. ¿Cuál es el límite? El desgobierno, naturalmente.
La prioridad política es hoy la gobernabilidad, y eso exige que el Ejecutivo inspire respeto. Solo así podrá liderar la batalla por la transparencia y la corrección de procedimientos. El 21 de mayo es la oportunidad para que la Presidenta le aclare al país sus intenciones y sus planes. No sirve un discurso como los de campaña. Lo que hace falta es una hoja de ruta realista, que tenga en cuenta que es muy alta la desconfianza.
Si ella insiste en que lo importante es “cumplir el programa”, debe tener claro que la mayoría de los chilenos tienen legítimas dudas al respecto. Pasó al primer lugar de la agenda algo que no estaba en el programa: la exigencia de sanear las prácticas políticas. Y la evaluación final de la Presidenta dependerá en gran medida de lo que haga en ese terreno.
Ha llegado el momento de establecer el financiamiento público de los partidos, con aportes acotados de las personas, lo que permitirá fiscalizar los ingresos y gastos. Ese será un golpe al poder de los “grandes accionistas”, los cuales, gracias a su condición de recaudadores de los aportes privados, construyeron grandes redes clientelares.
Varios senadores ilustran lo anterior: son verdaderos señores feudales en su región, ponen y sacan funcionarios en las secretarías ministeriales, intendencias y gobernaciones, imponen a sus incondicionales como candidatos a alcaldes y diputados, etc.
Queda mucho por hacer para que el Estado resista mejor las presiones y defienda más eficazmente el interés colectivo. Hay que impedir que el Estado sea capturado por partidos, gremios, empresas de lobby u otros grupos de interés. Ello exige transparentar todos los contratos en el aparato estatal, terminar con la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos, sancionar cualquier falta a la probidad, etc.
Depende en primer lugar de la Presidenta que el país pueda superar la crisis de confianza y mejorar sus instituciones. Este año será muy agitado, con demandas múltiples y desfiles de todo tipo. Se necesitará, pues, una conducción coherente y firme, que dé certidumbre a la población de que el gobierno actuará con sentido republicano y buen criterio, ajeno a cualquier tentación populista.