Mucho se ha señalado en los últimos meses sobre el descrédito de los políticos a partir de los (diversos) casos que se encuentran en procesos judiciales, varios de ellos por presunta corrupción. Asimismo, se pone en tela de juicio la necesidad de que las instituciones funcionen y los tribunales de justicia hagan lo suyo, como con eso se definiera quiénes son los ‘buenos’ y ‘los malos’ y, como si con eso la opinión pública ‘mágicamente’ crea nuevamente a tener confianza en los políticos y en las instituciones. ¿No será demasiada la ingenuidad de algunos?
Al respecto, quisiera recordar que el descrédito de la política (y de la institucionalidad) no nace (y con seguridad, no va a terminar) con los casos que estos últimos meses han ocupado amplios espacios en los medios de comunicación, otra de las fuentes frecuentemente sindicadas como incitantes de este descrédito.
En este sentido, datos aportados por los estudios que realizamos en la Escuela de Administración y Economía de la Universidad Católica Silva Henríquez para el período 2003 – 2014, son interesantes de analizar, ya que se remiten a cuatro gobiernos diferentes y se focalizan en la percepción sobre probidad y corrupción que tienen las personas vulnerables de Santiago.
En once de los doce años que lleva de vida el estudio, sobre el 70% de estas personas considera que en Chile hay un alto nivel de corrupción. De manera particular, sobre el 65% piensa que es alta la corrupción entre senadores y diputados (quienes lideran este ranking hasta la fecha).
Alguien podría insistir en que son sólo percepciones (como se suele escuchar de parte de los afectados cuando se publica este tipo de estudios), pero a la luz de los diversos procesos judiciales que desde hace varios años involucran a políticos por el uso de recursos públicos y/o privados, esto se hace cada vez menos sostenible.
Por otra parte, las personas vulnerables de la capital estiman que las causas de la corrupción son las ambiciones personales y su falta de valores, entre las más mencionadas. En tanto, consideran que las consecuencias de ésta son la pérdida de confianza en las instituciones, más pobreza y pérdida de credibilidad en los políticos, entre otros efectos.
Por ello, no deja de llamar la atención la insistencia de algunos en afirmar que hay que dejar que las instituciones funcionen, apuntando especialmente hacia la Fiscalía y los Tribunales de Justicia, como si los fallos a los que se llegue, fueran a tener la credibilidad y la confianza ciudadana que mejore la reputación de los políticos.
Pero, ¿qué pasaría si esos fallos no se ajustan a las expectativas que se ha generado la ciudadanía?
¿Por qué le habrían de creer ahora al sistema judicial chileno, si ha sido cuestionado reiteradamente por la propia opinión pública, por ejemplo, por casos relacionados con la delincuencia y la puerta giratoria?
¿Por qué le habrían de creer si en once años entre el 52% y 69% percibe que existe alta corrupción en la Corte Suprema?, según la investigación mencionada.
Está claro que la mayoría de las personas siguen siendo escépticas en este tema: más del 65% cree que no se castiga en forma ejemplarizadora a los corruptos, que no se les denuncia por miedo a represalias, que la cantidad de gente involucrada en corrupción es mayor de lo que se sabe y que los casos de corrupción son más graves que antes.
A esto se suma, la creencia de que la corrupción está en todos los niveles de la administración pública y que se puede hacer muy poco para frenarla, por lo que no extraña el que reprueben a todas las instancias políticas, gubernamentales, legislativas, judiciales, policiales y privadas en la solución de este problema. Todo esto atenta contra la solidez de la democracia en el país, manteniendo la crisis de confianza y credibilidad en la institucionalidad del Estado.
Por ello, se requiere de máxima coherencia, transparencia y consistencia en el actuar de las personas e instituciones con el discurso público que mantienen, así como la generación de normas claras y con sanciones efectivas, que sean un real desincentivo a cualquier práctica reñida con la probidad y transparencia.