Ante los escándalos de Penta y Soquimich muchos se preguntan cómo es posible que una persona que tiene una fortuna calculada en millones de dólares se ponga a hacer triquiñuelas para engañar al fisco y de esta manera robarle a todos los ciudadanos chilenos y además poder influir sobre los partidos políticos. Se supone que el ciudadano de un país tiene un mínimo de sentido de pertenencia a este como para que un elemental sentido patriótico lo lleve a la también elemental solidaridad que consiste en pagar honestamente sus impuestos. Pero estos hechos denunciados demuestran que estos empresarios millonarios no tienen este sentimiento.
Por otra parte, el escándalo de Caval, nos muestra a un hijo de la Presidenta de Chile, que en ausencia total de conciencia sobre los deberes que surgen de su condición familiar, pone sus negocios privados por encima de sus deberes públicos y aprovechándose de la responsabilidad en que lo ha dejado su propia madre, intenta ganar una millonaria suma en un negocio de especulación inmobiliaria.
Todos quedamos asombrados ante estos hechos, a pesar de que en ambos casos existe la sospecha muy bien fundada de que ambas acciones son cosas “que se hacen” y que hasta son comunes en diferentes grados dentro de nuestra sociedad. ¿Qué explicación puede tener todo esto?
En primer lugar, la idea de que Chile sea un país, pareciera más un prejuicio que una realidad.Un país es una comunidad social con una organización política común que los ciudadanos se han dado o han aceptado, que posee un territorio y órganos de gobierno propios,y que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. En la idea de “país” es fundamental como aspecto constitutivo, lo común, esto es, la unidad de los que pertenecen a el, surgida de relaciones recíprocas y solidarias. Y es justamente este aspecto el que fue dañado por la dictadura militar, que nominalmente instauró un régimen en el que se pretendió desconocer la existencia de un grupo importante de ciudadanos, buscando derechamente suprimirlos a través de un terrorismo de Estado nunca antes visto en la historia de Chile.
Dentro de este plan, también se impuso por la fuerza un régimen económico que echó por tierra todas las conquistas sociales anteriores y que instauró una modalidad de relación entre los ciudadanos basada en un extremo individualismo.
Se terminaron todas las instituciones que aseguraban una cierta solidaridad y se instauró el “sálvese quien pueda” característico de toda esta época marcada por el sistema neoliberal. Lo lamentable es que las fuerzas políticas que fueron elegidas por la ciudadanía para terminar con las lacras que había dejado la dictadura, en realidad le dieron continuidad económica, estableciendo un pacto con los poderes económicos que recién está saliendo a la luz a través de estos escándalos.
El pacto consistía en no tocar las privatizaciones y en particular las formas neoliberales que la dictadura había establecido para la salud, la educación y la previsión, las cuales al pasar del ámbito público al privado habían generado una casta de nuevos millonarios surgidos durante la dictadura por obra de este proceso.
A cambio de esto se aseguraba que los poderes fácticos no intervinieran en el proceso llamado de “democratización” que sin ser en realidad tal, permitió introducir algunas formas de atenuación en el sistema y la constitución de una casta política que se benefició de la nueva situación administrando la tensión entre lo que quería la ciudadanía y lo que querían estos poderes heredados de la dictadura. Por otra parte, los empresarios, dueños ahora de todo el territorio explotable, desarrollaron un desprecio hacia lo público planteándose como único objetivo jibarizarlo todavía más.
La dictadura socavó con sus medidas el núcleo mismo de lo común, la esencia de la nación e instauró un sistema en el que lo normal es que cada uno tire para su lado. La responsabilidad cívica se transforma en una expresión de ingenuidad en la que muy pocos están dispuestos a caer.
En lo que se refiere a los impuestos por ejemplo, lo contadores se contratan para ver cómo se puede llegar a pagar menos, aún si esto significa emitir boletas o declaraciones falsas. La pregunta que se hacen los ciudadanos es “¿qué hace el país por mí?”, “¿en qué sentido me ayudan los demás a sobrellevar mi vida?” Y como la respuesta es “arréglatelas como puedas”, el individuo busca hacerlo, pagando lo menos posible.
Si la buena educación es privada, si la previsión es privada, si la buena salud es privada, ¿qué interés tengo en sostener lo público? Pero si además de esto, a cada rato surgen nuevo escándalos de corrupción en la política y en los negocios, el interés de las personas en entregarle su dinero al Estado se hace mínimo.
Al privatizarlo todo se ha destruido lo común y al destruir lo común se ha anulado lo poco de país que teníamos. Chile se ha transformado en un negocio.
¿Como se sale de esto? Reconstruyendo lo común, fortaleciendo lo solidario. ¿Y como se hace esto? Votando una nueva Constitución surgida de una Asamblea Constituyente, reformando el sistema de previsión, haciendo una reforma educacional que fortalezca la educación pública y la ponga en el centro del sistema educacional chileno, reformando el sistema de salud y poniéndole coto definitivamente a los escándalos financieros y políticos.
De ese modo quizás podamos volver a darle un sentido al país, que no sea la mera circunstancia geográfica y fortuita en que nos tocó nacer. Mientras esto no suceda, será difícil tener éxito en los llamados a la ciudadanía a la responsabilidad cívica y a pagar honestamente sus impuestos.