Seguramente numerosos parlamentarios están durmiendo mal debido a la inquietud que les provoca la inminente revelación de los nombres de quienes recibieron dineros de la empresa SOQUIMICH para las campañas electorales, a cambio de lo cual ellos o sus cercanos entregaron boletas fraudulentas. O sea, el mismo método de defraudar al fisco que fue utilizado por los directivos de PENTA.
Todo sugiere que en las listas de SQM aparecerán moros y cristianos, vale decir tanto integrantes de la Nueva Mayoría como de la Alianza, actuales parlamentarios, allegados suyos e incluso ministros. También están siendo investigadas las empresas Ripley, Corpbanca y Alsacia, y nadie sabe lo que pueda surgir de allí.
¿Es reciente esta modalidad de financiamiento de la política? No lo es, y se supone que el SII no lo ignoraba. Lo concreto es que dicho sistema se hunde hoy ignominiosamente, y las consecuencias políticas están a la vista. La percepción predominante en la sociedad chilena es que en este asunto no hay inocentes.Pues bien, ha llegado la hora de cortar los turbios nexos entre el mundo de la política y el mundo de los negocios, uno de cuyos efectos más corrosivos ha sido volver borrosas las fronteras entre lo público y lo privado.
¿Hasta dónde llegarán las investigaciones del Ministerio Público? Nadie lo sabe. Solo hay que señalar que esta es una oportunidad para que Chile avance en materia de probidad y transparencia. La sanción de las ilegalidades nos hace bien como país y permite reforzar el sentido de decencia.
El fracaso de la operación política destinada a obstaculizar la investigación del caso Soquimich, que incluyó una maniobra ante el Tribunal Constitucional, aporta una advertencia definitiva: cualquier intento de tapar las ilegalidades de los amigos no solo será estéril, sino que además acentuará la condena social.
En todo caso, corresponde reafirmar el principio de que nadie puede ser condenado anticipadamente. Ni los fiscales ni los jueces pueden actuar arbitrariamente. Ningún funcionario, por alto que sea su cargo, es la encarnación de la justicia. El Estado de Derecho exige que hasta los fiscales sean fiscalizados.
Debemos celebrar la capacidad de reacción que ha mostrado la sociedad chilena frente a la faltas contra la probidad, el tráfico de influencias, los conflictos de interés, las negociaciones incompatibles, el cohecho, el nepotismo, los contratos con trampas, los intercambios de favores entre el sector público y el privado, en fin, todo aquello que crea el caldo de cultivo para la corrupción. Un dato revelador es que cada día pesan menos los alineamientos políticos al momento de condenar las trapacerías.
En esta situación, en la que sobran los motivos de desconfianza, mucha gente observa los pasos de la Presidenta Bachelet. Es evidente que el caso Caval afectó su liderazgo y acentuó la desaprobación a su gobierno. Precisamente por eso, ella tiene que dejar en claro que cumplirá con sus deberes constitucionales por encima de cualquier consideración familiar.
La evaluación sobre su gestión dependerá decisivamente de cómo actúe frente al caso que compromete a su hijo, cuya investigación todavía puede reservar momentos desagradables. Por el bien de Chile, lo deseable es que cumpla sus 4 años de mandato en las mejores condiciones posibles.
La primera exigencia de todas las fuerzas políticas es defender sin vacilaciones los procedimientos constitucionales y legales, sostener la autoridad de los tres poderes del Estado y velar por la gobernabilidad. Todos los sectores deben colaborar para que el país encuentre una salida racional a la situación presente, que permita neutralizar el riesgo de una crisis institucional. El lenguaje tremendista no sirve para ello.
Tenemos que perfeccionar las instituciones, en particular los mecanismos destinados a garantizar la corrección de procedimientos tanto en el ámbito público como en el privado. Será mejor si los partidos impulsan un gran cambio en el terreno de la ética como requisito para regenerar la política, y conseguir entre otras cosas que los ciudadanos valoren el derecho a voto.
Ello exige que se conviertan en instituciones sometidas a rigurosa fiscalización, en las que no existan los “accionistas mayoritarios”. Corresponde establecer el financiamiento público de la política, y permitir solo el aporte privado de las personas, no de las empresas.
No olvidemos que la democracia es vulnerable. Hoy no se divisa una amenaza sediciosa, pero los riesgos pueden venir por otro lado: el desprestigio de los políticos, la demagogia y el desgobierno.
Todo ello ofrece terreno propicio al populismo, que hoy se manifiesta en fórmulas estridentes que son solo apariencias de solución para los problemas del país, como la consigna de la asamblea constituyente, sobre la cual sus voceros se cuidan de no entrar en detalles. Tiene mucha razón el ex Presidente Lagos al decir: “Nada se puede construir desde fojas cero. Los países progresan gradualmente, no saltando de ruptura en ruptura” (LT, 29/03).
El 21 de mayo, la Presidenta tiene la oportunidad de proponer al Congreso una vía de superación de las dificultades. Lo primero es crear un clima de confianza y de diálogo, alentar el espíritu republicano y rechazar toda forma de politiquería. Será crucial que ella establezca una interlocución fluida con todos los sectores para articular políticas de Estado en la economía, la educación, la salud, etc.
Ha saltado al primer lugar de la agenda el reto de fortalecer la probidad, la transparencia y la corrección de procedimientos en el Estado, y consiguientemente perfeccionar los mecanismos de fiscalización. Pronto habrá que nombrar un nuevo Fiscal Nacional y un nuevo Contralor General.El país espera que sean personas de excelencia.
Para responder a las actuales exigencias, acrecentadas por el inmenso desastre del norte, la Presidenta necesita designar un nuevo gabinete, que sea políticamente fuerte y que defina con lucidez una hoja de ruta muy realista. Es la primera condición para superar la crisis de confianza y fortalecer la democracia.