Esta semana, una vez más, los pescadores artesanales de la Región de Los Lagos han salido a las calles a expresar su malestar ante la demora en el cumplimiento de un conjunto de compromisos asumidos por la autoridad para mejorar las condiciones en que se desarrolla esta actividad, que ocupa una posición de primera importancia en la economía local de extensos territorios.
La base de la molestia de los pescadores de Chiloé o de Puerto Montt es la misma de los hombres de mar de las zonas centro y norte del país.
Han pedido, repetidamente, el pronto inicio de la revisión de la Ley de Pesca, que consideran abiertamente perjudicial para su sector, la creación del Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal, y la agilización de normativas legales como la Ley de Bonificación del Repoblamiento y cultivo de Algas, la ley Bentónica y la ley de regularización de caletas, que entregará la titularidad de estos espacios a la pesca artesanal y sus organizaciones, entre otras.
Como respuesta a sus peticiones, han recibido excusas y nuevos compromisos para establecer agendas, cronogramas y mesas de trabajo. Y, en último término, cuando han protestado en la calle, han sido duramente reprimidos por la policía, como ha ocurrido esta semana en Dalcahue, Ancud y otros sectores de la provincia de Chiloé.
Estos hechos, lejos de contribuir a mejorar la situación, no hacen más que minar la confianza de los pescadores artesanales en el funcionamiento de la institucionalidad del sector.
Los pescadores artesanales no están a la espera de bonos ni de nuevas medidas paliativas. Los parlamentarios tampoco podemos seguir remendando, indefinidamente, una legislación pesquera que no sólo se ha quedado atrás en el tiempo, sino que además presenta deficiencias de fondo y que le da la espalda a una actividad productiva tan relevante para el país, como lo es la pesca artesanal.
Hoy, el imperativo es avanzar en el conjunto de temas relacionados con la pesca que, hasta el momento, han quedado relegados a un segundo plano de la agenda. Hacen falta líneas de trabajo claras y cronogramas precisos, en los que se involucre activamente a los pescadores artesanales en la definición de soluciones permanentes, eficientes y válidas. Por de pronto, mi compromiso como parlamentario representante de una Región pesquera y como integrante de la comisión de Pesca del Senado, es trabajar con ahínco por construir una política pesquera a la altura de lo que el país necesita.
Sólo de ese modo será posible entregar a las miles de familias que viven de esta actividad la tranquilidad y seguridad necesaria para el desarrollo de su actividad, y dejar atrás los recurrentes episodios de conflicto que no hacen otra cosa que alterar la paz social y el normal funcionamiento del conjunto del país.