En pocos días más, el gobierno de la Nueva Mayoría encabezado por la Presidenta Bachelet cumplirá un año y un balance del mismo resulta siempre atractivo.
Por supuesto, surgirán numerosas opiniones, las cuales muchas veces no sólo tendrán matices distintos, sino que serán absolutamente opuestas, lo que en gran parte se explica por los diversos y múltiples aspectos en los que se puede centrar el análisis.
En esta columna, he optado por referirme a dos ámbitos relacionados con el tema en comento. Uno tiene que ver con un aspecto más bien sociológico y el otro con los resultados mismos de la gestión gubernamental.
1.- En efecto, desde el punto de vista sociológico, me parece que, entre otras, hay tres consideraciones que se podrían hacer.
- Se ratifica aquello según lo cual, siempre que se llevan a cabo transformaciones y/o cambios significativos en una sociedad, surgen inexorablemente polémicas, controversias y hasta conflictos.
- En estos doce meses, se ha explicitado algo más claramente, aunque tal vez aún a nivel de la élite, la diferente visión y tensión largo tiempo larvada,entre quienes han estado en pro de que el actual sistema socioeconómico y político siga igual, postulando gestiones que en lo fundamental administren eficientemente lo existente con políticas públicas dirigidas a disminuir la pobreza (vía el ¨chorreo¨) y quienes aspiran a una transformación socio-económica y política que penetre y quebraje el modelo neo-liberal y sus estructuras de poder.
Se trata de ver en el actual gobierno una posibilidad cierta para que en un mediano plazo se abra el camino hacia una profundización democrática en que se rediseñe la búsqueda del desarrollo, no desconociendo la importancia del crecimiento, pero sí poniendo a éste en un lugar más secundario, dándole al logro de la equidad un sentido en sí mismo y no residual. Esto supone que las acciones políticas estén por sobre el predominio desproporcionado de la racionalidad tecnocrática y que se prioricen reformas significativas en la sociedad.
- En gran parte como resultado de lo anterior, se puede sostener (a modo de tesis) que la implementación del programa del segundo gobierno de Michelle Bachelet, se ha llevado a cabo en medio de una controversia claramente ideológica, la que se ha expresado en las posiciones y acciones de los diferentes actores políticos y sociales, detrás de las cuales (aunque muchas veces no se quiera reconocer, caso de las respuestas de las personas a las encuestas, o simplemente no se tenga conciencia de ello)subyace un conjunto de creencias, visión de la realidad (representación de la sociedad) y algún sustrato valórico-doctrinario.
2.- El segundo ámbito, imposible de soslayar al momento de una evaluación gubernamental, tiene que ver con los resultados y logros de la gestión misma, los que, para ser metodológicamente coherente, deben visualizarse en relación y/o en comparación con el programa de gobierno que la entonces candidata Bachelet presentó al país y por la que fue elegida por una amplia mayoría.
Aquí me parece fundamental como ejercicio previo, desmalezar expresamente entre el conjunto de elementos e información que uno podría considerar, y concentrarse en lo más esencial y trascendente. Más concretamente dicho, se trata de ir más allá de tales y cuales declaraciones desafortunadas de algunos miembros del gabinete, o de las críticas justas o injustas de personeros y partidos oficialistas y/o de oposición, o de los diversos reclamos frente a los errores procedimentales en que sin duda incurrió el gobierno en algunos de sus proyectos, etc.,para objetivar los logros alcanzados en estos doce meses.
¿O alguien cree que en la gran obra transformadora de Eduardo Frei Montalva, que tan justa y merecidamente se ha destacado en meses reciente por parte de los más diversos sectores del país, no hubo declaraciones de ministros que fueron poco felices, críticas diversas desde el oficialismo y la oposición, actuaciones de personeros de gobierno censurables y/o errores en algunas formas de llevar a cabo tan históricos cambios sociales?
Pues bien, los hechos concretos y evidentes son que, en un año de gobierno, se ha aprobado la Reforma Tributaria, se ha puesto fin al odioso Sistema Electoral Binominal, se ha aprobado parte importante de la Reforma Educacional (fin al lucro y al copago y regulación en la admisión de los estudiantes) y ha quedado listo para su promulgación el proyecto de Acuerdo de Unión Civil (de parejas de igual o distinto sexo), iniciativa esta última que introduce en el debate nacional temas esencialmente valórico-culturales, lo que es un ejercicio democrático mucho más saludable que evitarlos y/o negarlos.
Es decir, más allá de la posible frustración de algunos por el cercenamiento de algunas partes de los proyectos y/o de la satisfacción de otros por la corrección y mejoramiento de los mismos que el Congreso Nacional está facultado para hacer, lo cierto es que en solo 12 meses el gobierno ha implementado más de la mitad de las llamadas grandes transformaciones con las que se había comprometido en su programa: la reforma tributaria, parte importante de la reforma educacional y la reforma al sistema binominal, la que por cierto es sólo la antesala al otro cambio fundamental, la Nueva Constitución.
Conjuntamente con lo recientemente mencionado, es bueno recordar que el gobierno ya ha tomado iniciativas y efectuado acciones acerca de compromisos y/o anuncios de campaña que tienen significativas implicancias sociales. Entre otros, ha duplicado los recursos del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal y ha creado el Consejo Nacional de la Infancia. Paralelamente, ha enviado los siguientes proyectos de ley al Congreso, los que deberían ser en el corto plazo aprobados:la creación de las Universidades Públicas en Aysén y O’Higgins; el pago permanente desde el 2014 del llamado Aporte Familiar de marzo; la creación de una AFP estatal; el proveer de 6.000 nuevas plazas de carabineros y 1.200 nuevos policías de investigaciones; la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el proyecto que crea el ministerio de la Mujer.
La absolutamente imprescindible Reforma Laboral, la Despenalización del Aborto (bajo determinadas circunstancias), la confección de un marco institucional claro y riguroso que regule le relación entre Política y Negocios y la búsqueda del mejor procedimiento (ojalá el más democrático) para llevar a cabo cambios significativos en la Constitución que actualmente nos rige, deben ser metas a alcanzar en los próximos meses, las que el gobierno debe impulsar especialmente motivado por lo ya logrado y con extrema lucidez y eficiencia a partir de la experiencia del primer año de gestión.
Para tener resultados exitosos en estos y otros ámbitos, es condición absolutamente necesaria la unidad y colaboración leal de la coalición oficialista, la Nueva Mayoría, y un mayor empoderamiento en el liderazgo de la Presidenta, concitando a lo largo del país adhesión a “sus causas” (al programa de gobierno) y generando entusiasmo, eficiencia y disciplina en sus equipos más directos.
Por último, y particularmente en un país en que, según el estudio Latinobarómetro del año 2014, un 42% de la población está insatisfecho con la democracia y en que la política y los partidos políticos están entre los peor evaluados, es imposible dejar de mencionar en este recuento lo sucedido con el conocido caso del Holding del grupo Penta y sus indiscutibles repercusiones en la derecha política chilena, particularmente en la Unión Demócrata Independiente UDI.
Si bien es cierto el tema está relacionado con el financiamiento de la política y sus complejidades e insuficiencias, esto no puede ser argumento para mimetizar un hecho que es de la mayor preocupación y, lo que es un agravante, viene sucediendo por parte de los mismos protagonistas desde hace un buen tiempo.
El caso ha sido suficientemente expuesto a la opinión pública, por lo que baste decir que en enero reciente el Servicio de Impuestos Internos ha definitivamente acusado a los socios principales de PENTA, Carlos Délano y Eugenio Lavín, y a doce personas más, lo que ha llevado a que la Fiscalía Oriente pida la formalización de estos personeros y del ex subsecretario de Minería del gobierno de Piñera, Pablo Wagner, por diferentes cargos: emitir facturas falsas (ideológicamente falsas),fraude tributario (entre 260 a 660 millones de pesos), falsificaciones de documentos y pagos indebidos, entre otros.
El modus operandi de larga data de cierto empresariado y la derecha política chilena, tiene implicancias no siempre suficientemente destacadas en torno a la distorsionadora influencia en resultados electorales por parte de quienes cuentan con instrumentos y/o entidades cuya enorme concentración económica los vincula a la mayor y mejor influencia política, a la manipulación del poder y a la protección de determinados intereses.
Aunque con características distintas, sin duda el caso Dávalos- Compagnon-Lucksic y el crédito del Banco de Chile a la Sociedad Caval por 6.500 millones de pesos para una compra de terrenos en Machalí, ha sido también motivo de molestia generalizada y se inserta claramente en la desilusión de la ciudadanía por la política y la impotencia por el carácter plenipotenciario del que gozan ciertos poderes económicos.
Asimismo, por injusto que pueda ser y a pesar del origen torpe e irresponsable del suceso, específicamente por parte del señor Dávalos y Sra., su instalación mediática y la consecuente percepción de la opinión pública ha terminado por desplegar una sombra distorsionadora antes los evidentes buenos resultados del primer año de gobierno y, lo que es más preocupante, podría tener un efecto negativo en la popularidad de la Presidenta.
Sin embargo, soy de los que reconozco las capacidades humanas e intelectuales de la presidenta Bachelet, por lo que el futuro de su liderazgo es algo que, en gran parte, va a depender de su propio desempeño y vínculo con la ciudadanía. Los resultados definitivos sólo podrán saberse fehacientemente con el paso del tiempo.