La aseveración de que Chile es el país más sísmico del mundo ha pasado a ser un lugar común recurrentemente utilizado para destacar la condición tectónica que origina los desastres naturales más destructivos que azotan a nuestro país. La Ingeniería chilena ha sido naturalmente la encargada de garantizar que la destrucción se minimice a través del diseño estructural.
Para ello los ingenieros debemos contar con datos necesarios a fin de generar el conocimiento, la reglamentación y la normativa adecuada de manera que se prevenga la destrucción de los edificios y la infraestructura de país, ya sea ella industrial, vial o de servicios, de manera que el manejo de la crisis, una vez producido el desastre natural, sea adecuado y no tenga una carga excesiva debido a la extensión del daño de las construcciones que dejen de funcionar o prestar servicio.
En una gran cantidad de casos se cae en el error de entender que el manejo de la crisis es una acción desacoplada de la generación del daño; sin embargo, ellas son dos etapas de un mismo proceso. En definitiva los diseños bien realizados y seguros harán que los daños en las construcciones sean menores y, por lo tanto, el volumen de crisis sea también menor posibilitando por ende, un menor uso de recursos, procedimientos más simples y claros, mejor y más rápida recuperación de los sistemas, tanto productivos como de servicios. En fin una simplificación de la emergencia.
Para lograr todo lo anterior debemos poder tener la información necesaria que nos describa en lenguaje cualitativo y cuantitativo el evento sísmico de manera que podamos comprender de mejor manera el fenómeno y proponer los modelos físicos que determinarán la demanda que origina el sismo sobre las distintas construcciones.
Teniendo en cuenta estas consideraciones es incomprensible el hecho de no contar con una política clara, definida y efectiva que permita desarrollar de manera eficiente las bases del diseño sismorresistente y recolectar los datos que ella necesita.
Creemos que los tiempos en que la autoridad no lograba entender la finalidad de obtener estos datos y ponerlos a disposición de la comunidad técnica, ya han sido dejados atrás y ahora necesitamos estructurar las instancias que administren y regulen la captación y flujo de la información.
Hoy se cumplen cinco años de la ocurrencia del sismo de Maule, conocido como el 27F el cual, asociado al posterior tsunami, produjo una gran destrucción en una extensa zona del territorio sur del país. Como consenso nuestra sociedad entendió que la ingeniería del país logró sortear esta prueba de buena manera, asegurando la estabilidad de las construcciones en todos los ámbitos y, por ende, la vida de las personas y la continuidad de los procesos productivos.
A pesar de todo lo anterior, la comunidad de los ingenieros tenemos la incómoda sensación de que con el acceso más expedito a datos de las características del sismo, podríamos haber tenido acceso a más información logrando, una vez analizados éstos, establecer una mejor reglamentación y haber conseguido un mayor conocimiento para mejorar nuestros diseños
La construcción de una red sismológica moderna y suficientemente extensa se entendió como una tarea urgente y de prioridad nacional. Sin embargo, hoy, a cinco años la implementación de esta red está estancada desde la instalación de los últimos instrumentos hace dos años atrás. De la misma manera el avance de una legislación moderna y clara no muestra progreso ni voluntad política, opacada quizás por la urgencia de otras reformas.
A pesar de esa aparente urgencia, los especialistas estimamos que el norte del país se verá sacudido por un sismo mayor en el próximo tiempo y que la zona central seguirá enfrentando distintos grados de destrucción por movimientos telúricos, para enfrentar estos hechos ineludibles, necesitamos políticas públicas bien definidas y oportunas enfrentadas con una gran decisión.