30 ene 2015

En algunas cosas, no somos iguales

En las últimas semanas, hemos asistido con indignación al grotesco espectáculo de un sistema completo de financiamiento ilegal de la política, que favorecía y favorece, mediante la posible comisión de numerosos tipos de delitos, a varios parlamentarios, mayoritariamente ligados a la UDI.

Para mitigar su responsabilidad, dicho partido ha desarrollado una estrategia que pretende igualarnos a todos con sus malas prácticas, lo que no solo parece inaceptable sino que además le genera un daño irreparable e injusto al sistema político y a su pobre legitimidad.

En este contexto es legítimo preguntarse si el poder judicial actuará con los mismos criterios con los que juzga los delitos de personas de sectores vulnerables, a quienes suele caerles todo el peso de la ley, o terminará, como en otras ocasiones, tendiendo un manto de impunidad sobre los delitos de aquellos que resguardan los intereses de los sectores dominantes de nuestro país.

Estos hechos y las dudas que ellos generan no son nuevos.  Son famosos los casos de personeros políticos imputados por delitos de corrupción que han dañado la fe pública de manera seria y que han acudido a salidas alternativas, como la suspensión condicional de procedimiento, teniendo como primera y principal consecuencia, el evitar el desarrollo de un procedimiento penal inculpatorio que llegue a establecer la verdad y sancione de manera adecuada a los responsables.

Uno de los casos más emblemáticos es el de la Diputada Claudia Nogueira, del distrito 19 de Recoleta e Independencia, quien luego de ser formalizada por cuatro delitos de fraude al fisco, haciéndole un daño irreparable a la fe pública y la imagen del Congreso Nacional, se acogió a la suspensión condicional de procedimiento devolviendo alrededor de $ 30 Millones, para evitar enfrentar un juicio que podría haberla llevado a su destitución y  a la cárcel.

Con estos antecedentes, y en el contexto actual, no parece aceptable que una persona, cuya primera obligación es aprobar la legislación que rige para todos y todas y consiguientemente, en virtud de su cargo, actuar con transparencia y absoluto apego a las leyes, se acoja a la suspensión condicional, como si se tratase de un beneficio y no de una reparación del daño causado, que es el fundamento principal de dicha institución.

Por lo mismo, los hechos que son descritos para configurar estos delitos deben ser investigados por completo y hasta el final, ya que en especial las personas que ejercen funciones públicas tienen una responsabilidad ante sus electores que compromete la fe pública, y que debiera verse acentuada cuando provienen del ejercicio de la soberanía popular.

Nadie puede entonces esperar o pretender que no se indague hasta saber la verdad, es más, debemos fomentar esas investigaciones hasta establecer la verdad y así poder sancionar a los responsables.

En este marco, quiero felicitar públicamente a la Diputada Karol Cariola, también del distrito 19, que en el día de ayer y en conjunto con Camila Vallejo y Pepe Auth, entre otros diputados y diputadas, han presentado un proyecto anticorrupción que impide a quienes cumplen funciones públicas en cargos de elección popular, acogerse a este u otro tipo de beneficios que obstruyan las investigaciones y que pueden utilizarse como un manto de impunidad para quienes incurren en actos de corrupción y traicionan o dañan la fe pública.

Es de esperar que el proyecto concite el apoyo del ejecutivo y de la mayor cantidad de parlamentarios de todas las bancadas pues será, sin duda, una muestra concreta de que no somos todos iguales, como a algunos les gusta plantear para esconder sus propias fallas.

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